Registran el Gobierno de Melilla por una investigación de adjudicaciones públicas
. La operación Ópera entra en una segunda fase centrada en contratos menores .
La Guardia Civil registró dependencias municipales.
Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, algunos de ellos desplazados expresamente desde la Península, iniciaron a las 09.00 horas de ayer un registró diferentes dependencias municipales y consejerías de la ciudad autónoma de Melilla.
Los agentes se incautaron de numerosa documentación, principalmente en el Palacio de la Asamblea, edificio que alberga tanto el Parlamento como la sede del Ejecutivo. Además de las dependencias públicas, fueron registradas algunas empresas privadas adjudicatarias de la ciudad autónoma y domicilios particulares, entre los que destaca el del consejero de Medio Ambiente.
Las actuaciones, según confirmó la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se deben a la segunda fase de la llamada operación Ópera, instruida por la titular del Juzgado 4 de Melilla, María José Alcázar, y en la que se investigan presuntas irregularidades en las contrataciones municipales, principalmente en lo referente a los contratos menores por 4,9 millones.
Alcázar permaneció casi una hora en la sede del Gobierno local y pasó toda la tarde recorriendo los diferentes lugares que acaparan el foco de la atención de los investigadores. Después de la inspección de la magistrada, se requirió en los registros la presencia de los técnicos informáticos de la ciudad autónoma así como de diferentes funcionarios, principalmente del área de Economía y Hacienda.