Interior alegará que Zouhier sigue siendo una amenaza para expulsarlo

El Ministerio del Interior lo tiene totalmente decidido, aunque todavía no tiene todas consigo sobre si logrará llevarlo a cabo. El próximo domingo, cuando Rafa Zouhier, el marroquí condenado a diez años de cárcel por poner en contacto a los terroristas del 11-M con la trama asturiana que les proporcionó el explosivo, salga por la verja de la cárcel de Puerto I, será detenido y se le comunicará una orden inmediata de expulsión con el argumento central de que el ex recluso sigue siendo una amenaza para la seguridad del Estado. Que los funcionarios logren deportarlo de forma inmediata a su Marruecos natal es harina de otro costal. El matrimonio del preso con una ciudadana española, el pasado 19 de septiembre, aún no le ha dado la nacionalidad española y, por lo tanto, no impide su repatriación, aunque sí, desde luego, la dificultará.

La expulsión de Zouhier tras su matrimonio se ha convertido en un verdadero galimatías jurídico que involucra a normas nacionales y comunitarias. El pasado 13 de enero, la Audiencia Nacional comunicó a la Brigada de Extranjería y Documentación de Cádiz la fecha de su salida y le indicó que, si lo consideraba pertinente, llevara a cabo «los trámites para su expulsión del territorio nacional» de acuerdo con la Ley de Extranjería. Sin embargo, al marroquí, tras haberse casado con una comunitaria, no se le puede aplicar el artículo 57.2 de esa normativa, que faculta a la administración a ordenar la deportación de cualquier extranjero condenado a más de un año de cárcel.

Eso no quiere decir que Rafa Zouhier sea español. De hecho, ni siquiera ha solicitado los trámites para la nacionalidad, según fuentes de Justicia, porque no cumple el requisito de haber pasado un año en España de manera legal conviviendo con su esposa. El condenado, que cuando fue detenido en 2004 sí que tenía residencia legal, perdió esta condición en 2010.

¿Qué armas jurídicas le quedan al Gobierno entonces para cumplir su promesa de que Zouhier será expulsado para siempre de España? Los juristas de Interior creen haber encontrado la clave, aunque tampoco es infalible. Es el Real Decreto de 2007 sobre «libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea», que sí que es aplicable a los familiares de los comunitarios. Ese texto, en su artículo 15, abre la puerta a la expulsión de comunitarios y allegados de los mismos por «motivos graves de orden público o seguridad pública».

Sin embargo, según admiten los letrados del Gobierno, la condena a una década en prisión por colaborar en la matanza de 192 personas no es motivo suficiente, según la directiva 38/2004 del Parlamento Europeo. Esa norma es taxativa en su artículo 27.2: «Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas». Es más, la legislación internacional establece que la «conducta personal» del ciudadano a expulsar «deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad» y que no «podrán argumentarse justificaciones que se refieran a razones de prevención general».

Con estas limitaciones, el Gobierno sabe que se la juega y que necesita llenarse de argumentos para demostrar que Zouhier, a día de hoy y sin contar con su pasado, sigue siendo un peligro para España. Los técnicos de Prisiones y de Interior trabajan desde hace semanas en un informe muy duro para insistir en que su paso por la cárcel no le ha servido en modo alguno para reinsertarse, que ha protagonizado varios incidentes -se le llegó a incautar un móvil- y que sigue teniendo un perfil cercano al islamismo. En marzo de 2009 se le intervino una cinta de contenido yihadista. Y poco después, durante el Ramadán, arrancó del gimnasio del módulo los póster en los que aparecían con poca ropa varios conocidos culturistas.

El letrado de Rafa Zouhier, Antonio Alberca, ha denunciado que, pese a conocer que a su cliente se le ha abierto un expediente de expulsión, a él nadie le ha notificado aún nada, por lo que todavía no ha podido impugnarlo. El abogado, que ya avisa que apelará la resolución de deportación, dice temer que esa orden no le sea comunicada hasta el mismo domingo, con la intención de que cualquier recurso sea inútil para paralizar el viaje a Marruecos directo desde el Puerto de Santa María.