Garzón asegura que «la reforma de la justicia universal es inconstitucional»

. El ex juez dice que la norma supone una injerencia en la independencia judicial que puede tener consecuencias.

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Efe | Madrid

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El ex juez Baltasar Garzón dijo ayer que la reforma de la justicia universal supone una injerencia en la independencia judicial que puede tener consecuencias penales para los diputados que la aprobaron y animó a que sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo por el Defensor del Pueblo.

Baltasar Garzón, que en su día aplicó la justicia universal en casos como los de las dictaduras argentina y chilena, realizó estas reflexiones durante un seminario organizado por La Izquierda Plural, celebrado en el Congreso de los Diputados tres días después de la entrada en vigor de la ley que limita en España la aplicación de esta jurisdicción.

Garzón, que actualmente preside de la Fundación Internacional Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, animó a todos los jueces españoles a que hagan lo mismo que hizo el lunesel magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que rechazó archivar el caso por la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak a pesar de estar ya en vigor la nueva norma.

«Excepcional»

A juicio de Garzón se trata de una reforma aprobada’ad hoc’ a modo de «ley excepcional» ya que dispone que hay que cerrar los casos que ya están investigando los jueces, lo que supone «una interferencia y una usurpación que castiga el Código Penal». Explicó que este Código contiene un precepto que castiga a las autoridades que dicten disposiciones generales para la privación de derechos que no son de su competencia.

«No tiene por qué salir esto gratis», dijo Baltasar Garzón, quien ha insistido que puede existir «responsabilidad de quienes conscientemente han votado una norma que dice que hay que suprimir a los jueces, que son los únicos que pueden archivar los casos abiertos y no los diputados del PP».

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Baltasar Garzón no descarta que algún país pueda demandar a España ante la Corte Internacional por incumplimiento de convenios ratificados que obligan a la aplicación de la jurisdicción universal y mantuvoque hay que intentar anular esta reforma en todas las instancias.