La Justicia no ve delito en la fuga de Aguirre tras su incidente de tráfico
Será juzgada por una falta de orden público y no por desobediencia a los agentes.
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en una imagen de hace unos días.
El incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña se resolverá en un juicio por una falta contra el orden público, que acarrea una multa en caso de ser declarada culpable. La presidenta del PP de Madrid no será, por lo tanto, encausada por un delito de desobediencia que podría conllevar hasta un año de prisión, después de que huyera cuando iba a ser multada por los agentes de movilidad por aparcar de forma irregular en un carril-bus el pasado 3 de abril.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, y la Fiscalía creen que la actuación de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se enmarca en una falta, pese a que los atestados policiales insinuaron que Aguirre desobedeció la orden de entregar toda la documentación de su vehículo, así como de detener la marcha cuando fue interceptada por los agentes cuando iba a su domicilio.
Una falta de estas características está castigada con una multa de diez a sesenta días, mientras que un delito de desobediencia grave está penado de seis meses a un año de prisión, según el Código Penal.
El juez emitirá en los próximos días un auto en el que motivará su decisión para que se celebre un juicio de faltas, lo que acabaría finalmente en el pago de una simple multa en el caso de declararla culpable. En la resolución, se señalará la fecha de la vista que se celebrará en los juzgados ordinarios de Madrid.
La Fiscalía de Madrid se inclinaría también por transformar las diligencias abiertas por el juez en un juicio de faltas y no por un procedimiento abreviado por un delito de desobediencia, que implicaría la celebración de la vista oral en los Juzgados de lo Penal.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dio por zanjada el martes la «polémica» que protagonizó la presidenta del PP regional y el posterior cruce de declaraciones y versiones entre el consistorio y la afectada. «Francamente, ésta es una polémica que ya no da más de sí, porque quien tiene la última palabra es el juez», declaró durante su visita a un nuevo polideportivo.
Apoyo a los agentes
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Diego Sanjuanbenito, respaldó el martes la versión de los agentes que multaron a Aguirre, que aseguraron que ésta les entregó el permiso de conducir y «numerosos papeles», pero entre ellos no se encontraban ni el permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica ni el seguro obligatorio.