ERE fraudulentos

La Audiencia avala a la juez de los ERE y cuestiona la actuación de la Junta

Considera fundadas las sospechas de Alaya de la participación de Álvarez en el fraude.

La Audiencia avala la imputación de la ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez.

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cecilia cuerdo | sevilla
León

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La Audiencia de Sevilla dio ayer un espaldarazo vital a las tesis de la juez Mercedes Alaya acerca del papel jugado por la Junta de Andalucía en la trama de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. En el auto en el que avala la imputación de la ex consejera andaluza de Hacienda y ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, apunta que no es «irracional» o «arbitrario» pensar que se empleó el sistema de transferencia de financiación «para propiciar lo que finalmente ocurrió», es decir, eludir todos los controles en la entrega de las ayudas.

Este nuevo auto supone un paso importante en la instrucción ya que apuntala los pasos que hasta ahora ha dado la juez Alaya al señalar las «fundadas sospechas de participación» de Álvarez y otros consejeros del Gobierno autonómico en los hechos delictivos que se investigan. «Es razonable la fundada sospecha surgida en el ánimo de la instructora de que ciertos cargos de relevancia por razón de sus competencias pudieron propiciar la instauración de este sistema ilegal». Eso sí, la Sección Séptima de la Audiencia matiza que no se responsabiliza ni al Parlamento andaluz ni a todo el Ejecutivo regional, sino solo a aquellos que tuvieron competencias relacionadas con la distribución de dichos fondos públicos bajo sospecha.

Se trata por tanto de un aviso en toda regla para el sucesor de Álvarez al frente de las cuentas autonómicas, el ex presidente José Antonio Griñán, y todos aquellos que pasaron por las Consejerías de Hacienda, Economía y Empleo en la pasada década. También, en buena lógica, para quien delegó tales competencias, el ex presidente Manuel Chaves. Dado que no puede imputarlos al ser cargos aforados en la actualidad y el tribunal juzgador sería el Supremo, tanto Griñán como Chaves ya han sido invitados por la juez a personarse en la causa para conocer todos los indicios que les señalan y salvaguardar así su derecho de defensa. De ahí que incluso aventure la Audiencia que «es posible que ya no le corresponda» a la juez la conclusión de la instrucción.

Pero lo llamativo es cómo la Audiencia entra en el debate jurídico que desde hace tres años enfrenta a la Junta con la juez instructora porque el Ejecutivo autonómico entiende que el sistema de transferencias de financiación es una herramienta legal aprobada cada año por el Parlamento en los Presupuestos de la comunidad y, por tanto, con rango de ley. En este sentido, los jueces señalan que «no es irracional pensar» que la instrucción practicada ha permitido detectar, «como poco indiciariamente», que el uso ilegal de los fondos públicos «quedó facilitado, y con ello desmesuradamente incrementado, merced a la instauración de las transferencias de financiación como método para dotar de dinero las partidas arbitrariamente administradas a través de la Consejería de Empleo».

Un sistema que, recuerdan, se instauró siendo consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, y del que los jueces de la Audiencia no descartan, como sostiene Alaya, que se emplease precisamente para eludir los controles.

Es precisamente la «solidez de tan fundada sospecha» lo que avala la actuación de Alaya, ya que tanto la Cámara de Cuentas de Andalucía como la Intervención General del Estado confirmaron la inadecuación del sistema de transferencia de financiación para la gestión de tales subvenciones y ayudas a empresas.

El auto de la Audiencia, que desestima el recurso presentado por la viceconsejera del Banco Europeo de Inversiones, atiende también a la forma en que Álvarez fue incorporada a la causa. La ex ministra fue imputada en junio de 2013 junto a una veintena de ex altos cargos de la Junta, pero posteriormente, y tras haber prestado ya declaración, la Audiencia anuló la decisión y pidió a la juez que motivara mejor sus argumentos y los indicios acumulados contra la ex consejera. Una petición que Alaya atendió en apenas una semana, volviendo a citarla en noviembre.

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Así, los jueces consideran que esta segunda imputación realizada contra Álvarez se ajusta a derecho.