El Gobierno corrige a Interior y desliga el ataque a Montoro del independentismo
El Gobierno volvió ayer a corregir al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien el jueves atribuyó el ataque sufrido un día antes por el coche de Cristóbal Montoro y Alicia Sánchez-Camacho a la salida de un acto del PP en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a la radicalización del pulso político que los partidos soberanistas catalanes mantienen con el Estado.
La vicepresidenta, mucho más prudente, condenó sin paliativos la agresión sufrida por el ministro de Hacienda y la líder del PP catalán, pero quiso dejar claro que se trató de hechos solo achacables a «minorías violentas» que «no representan el sentir de la sociedad catalana ni el de ningún otro lugar de España».
Sin citar a Fernández Díaz, pero en una clara muestra de desacuerdo, Soraya Sáenz de Santamaría indicó que el Ejecutivo piensa de lo ocurrido lo mismo que Montoro, que, a diferencia del titular de Interior, se apresuró a quitar hierro político al incidente y a decir que «las imágenes no se corresponden con lo que es Cataluña».
«Prudencia»
Pese a no querer echar más leña al fuego, la número dos de Mariano Rajoy sí que pidió «prudencia» a los sectores políticos que apoyan el proceso soberanista «con los debates que generen división y enfrentamiento» porque estos grupos aislados de violentos los aprovechan para tratar de justificar sus agresiones a dirigentes de otro color político.
La misma línea de prudencia del Gobierno la tomó el número uno de la candidatura popular al Parlamento Europeo, Miguel Arias Cañete, que no tenía el más mínimo interés en que una escalada verbal desestabilizase las últimas horas de la campaña electoral.
El Gobierno y Cañete trataban de enfriar la polémica, en la que la Policía Nacional acusa directamente a los Mossos d’Esquadra de inacción, al mismo tiempo en que el PP catalán se personaba en los juzgados de instrucción de Vilanova i la Geltrú para presentar una denuncia por la agresión a sus dirigentes. Los populares catalanes acusan a las personas identificadas durante el ataque de los delitos de atentado a cargo público, coacciones y daños.