La Fiscalía se opone al indulto de los policías del chivatazo a ETA

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mateo balín | madrid
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer al indulto solicitado por los dos condenados en el caso Faisán, el chivatazo policial a la red de extorsión de ETA, por el que fueron condenados a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación el ex jefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector jefe José María Ballesteros.

El fiscal jefe del tribunal central, Javier Zaragoza, argumentó que «la naturaleza del delito», revelación de secretos, no justifica la concesión del indulto y tampoco existe «utilidad pública» en la concesión de la gracia, según sendos escritos remitidos a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que es el órgano encargado de resolver las peticiones de los condenados como tribunal sentenciador.

El responsable del Ministerio Público justificó que la pena carcelaria impuesta a los policías es proporcionada, ya que se aplicó en su grado inferior. Por ese motivo, argumentó, «no se puede aducir que la respuesta punitiva es desproporcionada teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias de la infracción penal cometida».

Relata el fiscal jefe que los policías fueron castigados por revelar información bajo secreto sumarial «a terceros que estaban siendo investigados y a la que había tenido acceso prevaliéndose de su condición». Y critica con dureza que los hechos sentenciados suponen «una quiebra de los deberes de reserva y fidelidad» que les impone la ley por su condición de funcionarios públicos, suponiendo «un grave menoscabo para la causa pública en cuanto resultó perjuicio para la investigación en curso».

Justicia y equidad

Dicha investigación giraba en torno a la red de extorsión de ETA, contra la que se iba a realizar una operación en 2006 dirigida por la Audiencia Nacional y que fue frenada por el soplo policial al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, ya fallecido. Unos hechos que, según el fallo, no constituyeron un delito de colaboración con la banda armada, que hubiera supuesto una pena mayor, sino de revelación de secretos.

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La última palabra sobre el indulto la tendrá el tribunal sentenciador y, en último término, el Ministerio de Justicia.