El Gobierno avisa a Mas de que si viola la suspensión del 9-N habrá consecuencias

El Gobierno advirtió ayer al presidente de la Generalitat de que si el 9 de noviembre ignora la suspensión cautelar de la consulta soberanista que el próximo martes dictará el Tribunal Constitucional a petición del propio Ejecutivo habrá consecuencias.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que, en caso de violación del veto por parte de la administración catalana o sus trabajadores, Artur Mas podría enfrentarse a responsabilidades legales de tipo personal y no solo a un posible delito de desobediencia a las resoluciones judiciales.

Santamaría indicó que si el 9-N el presidente catalán no da marcha atrás y los colegios e institutos públicos se usan, como ha planeado la Generalitat, para acoger las votaciones con urna y papeleta de la consulta separatista suspendida estará trasladando a los ciudadanos, y en especial a los funcionarios y directores de los centros, «una responsabilidad que él no quiere asumir (violar la resolución judicial) y que ellos no tienen por qué soportar».

De esta forma, añadió la vicepresidenta, «espero que Mas sea consciente de que si en el primer referéndum (el prohibido el 29 de septiembre) estaba incumpliendo la Constitución, en el segundo vulnera además los derechos de los ciudadanos a los que gobierna, y esto es un paso más».

Mostró su convencimiento de que, en ese caso, habrá dejado a estos funcionarios educativos «sin cobertura legal» y «los habrá colocado a la intemperie al obligarlos a asumir un incumplimiento de la resolución judicial que él no está dispuesto a asumir directamente».

La número dos del Gobierno, que realizó este análisis como contestación a si Mas «se iría de rositas» en el caso de que el 9-N se viole la suspensión del Constitucional por no existir convocatoria oficial de la Generalitat para la consulta, concluyó la respuesta negativa con una segunda advertencia al ‘president’: «Espero que, al menos en esta ocasión, cumpla con las resoluciones del tribunal».

Para el Gobierno, de hecho, si el 9-N se viola la prohibición que en los próximos días anunciará el Constitucional no hay duda de que el principal responsable será Mas, aunque no haya decreto alguno. Santamaría dejó claro que, como se defiende en la impugnación que el Consejo de Ministros ordenó registrar ayer mismo ante el tribunal, él fue quien anunció la consulta alternativa con idéntica fecha y pregunta que la oficial suspendida; quien dijo que, en esencia, eran lo mismo; y quien puso en marcha, de forma consciente, un proceso sin garantías democráticas y con órdenes verbales y por correo electrónico a funcionarios y ciudadanos para «tratar de que la Generalitat eludiese sus responsabilidades». La impugnación, resumió Santamaría, busca asegurar la vigencia de la ley y la Constitución -unidad de España y soberanía nacional-, «defender la democracia frente a su perversión», y garantizar los derechos de todos los catalanes y, de forma especial, de los funcionarios implicados por Artur Mas.