El Supremo impide que 56 etarras resten las condenas cumplidas en Francia
Los magistrados conservadores imponen su criterio y corrigen a la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo puso ayer fin a un debate jurídico de alcance que ha salpicado al Gobierno, ha provocado la airada reacción de una mayoría de magistrados del alto tribunal por las «injerencias políticas» del ministro del Interior y puesto de uñas a las víctimas del terrorismo por la excarcelación de cuatro presos etarras por parte de dos tribunales de la Audiencia Nacional.
Tras una reunión de cuatro horas, precedida de otra cita que hace un mes acabó sin acuerdo, el pleno de la Sala Penal del Supremo, compuesto por 15 magistrados, estableció como criterio definitivo a seguir que las penas cumplidas en Francia por 56 presos etarras no tienen que ser descontadas al tiempo máximo de sus condenas en España; es decir, 30 años efectivos de prisión según el Código Penal vigente en la época de la condena.
La decisión del pleno jurisdiccional fue aprobada por nueve votos a seis para el caso concreto del etarra Kepa Pikabea, que había recurrido la negativa de un tribunal de la Audiencia Nacional a rebajar los diez años de condena cumplidos en el país vecino. La patente división de los magistrados se visualizó entre los bloques conservadores y progresistas, ya que los seis jueces discrepantes que anunciaron un voto particular conjunto fueron Cándido Conde-Pumpido (ex fiscal general con el Gobierno socialista), Joaquín Giménez, Miguel Colmenero, Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Ana Ferrer, la única mujer presente en esta sala.
El criterio establecido por la mayoría conservadora, encabezada por el presidente Manuel Marchena, contradice al aplicado por la sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que había aceptado reducir las penas de cuatro históricos etarras o exmiembros arrepentidos o expulsados de la banda. Dos de ellos fueron excarcelados al confirmarse su licenciamiento definitivo, caso de Santiago Arrospide, ‘Santi Potros’, que iba a salir en 2025, y Alberto Plazaola, en 2026.
De la misma forma, la sección tercera también firmó la libertad de los arrepentidos Jesús García Corporales y Carmen Guisasola, después de restar los años de condena cumplidos en Francia a sus penas totales en aplicación de la interpretación que dieron de una decisión marco europea de 2008 que el Gobierno no traspuso hasta diciembre pasado, casi seis años después, dejando un vacío legal favorable al reo.
Así, el criterio aprobado por el alto tribunal debería provocar ahora su reingreso en prisión, más si cabe porque la Fiscalía del Tribunal Supremo recurrió las excarcelaciones. De la misma forma, a los otros etarras beneficiados por esta rebaja, Rafael Caride Simón, autor del atentado de Hipercor en Barcelona, o de Francisco Múgica Garmendia, también se anularían los beneficios. Según la asociación de presos Etxerat, 56 etarras habrían cumplido sus penas por el acuerdo marco europeo.