Ruz ofrece a la Abogacía personarse como perjudicado en la caja B del PP
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel y de la caja B del PP, ha ofrecido a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse como perjudicado en esta última causa después de que un informe de la Agencia Tributaria confirmase que ha habido fraude fiscal en el pago de las obras del Partido Popular, en la sede de la calle Génova 13 de Madrid.
Si la investigación de la ‘caja B’ ya ha constatado de forma indiciaria que el PP pagó en negro 1,71 millones de euros de la remodelación de la sede, el 30% del coste total, la Agencia Tributaria ha remitido ahora al juzgado un informe en el que confirma que Unifica, la empresa que llevó a cabo las obras entre 2006 y 2011, también defraudó al fisco en varios ejercicios por estos hechos. Por este motivo, están imputados en el procedimiento sus responsables, el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén Suárez.
Lo llamativo de estos indicios de fraude que se conocieron hace meses es que la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, no ha querido personarse en la pieza separada de la caja B a diferencia del caso Gürtel. Aquí jerce como acusador, ha pedido duras penas de cárcel a los principales imputados e, incluso, ha avalado la responsabilidad civil subsidiaria del PP en el procedimiento, es decir, reconoció que se lucró con la trama corrupta.
¿Por qué razón en Gürtel sí acusa y en la caja B ni se persona? Esta era una de las preguntas del millón que se venían haciendo desde hace tiempo en el juzgado y los abogados de las acusaciones populares. En la Fiscalía tampoco se lo explicaban. Incluso fuentes jurídicas consultadas afirman que Anticorrupción ha pedido en varias ocasiones de forma verbal su presencia en la causa a este cuerpo de letrados, pero cayó en saco roto.
Una de las razones de esta negativa puede estar en que la jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, imputado en el caso. Ésta, además, fue alto cargo de Sacyr en la época en la que esta empresa pagó supuestamente la comisión de 200.000 euros para la campaña de la presidenta María Dolores de Cospedal, a cambio de una contrata de basuras en Toledo. Y para rizar más el rizo, quien fichó a Marta Silva en Sacyr fue Luis del Rivero, el expresidente de la entidad querellado por donar, supuestamente, 480.000 euros a la contabilidad B del PP.