El Gobierno admite que las tasas judiciales frenaron el acceso a la Justicia
El gravamen se suprime a los particulares y se mantiene para las empresas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Dos años después de su implantación y tras haber recaudado unos 512 millones de euros -100 de ellos a particulares y el resto a empresas-, el Gobierno admitió ayer que las tasas judiciales obstaculizaban el acceso a la Justicia de las personas físicas, tal y como denunciaba la oposición en sus recursos de inconstitucionalidad y los operadores jurídicos más afectados, abogados y procuradores.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la supresión del gravamen a los particulares en el paquete del Real Decreto de medidas urgentes, por lo que su entrada en vigor será efectiva desde este lunes, unas vez que se publica la norma en el BOE, pese a la intención barajada de incluirla como enmienda en el proyecto de ley de la Justicia Gratuita, que se tramita desde hace un año en el Congreso.
En una nota oficial enviada por el Ministerio de Justicia menciona que la derogación parcial de las tasas a particulares supone una medida de reducción de la carga financiera y de orden social. Y añade que se continúa así «trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva», un derecho fundamental de los ciudadanos que este gravamen dificultaba.
«Había un diagnóstico: que las tasas impedían el acceso a la tutela judicial. Y en un momento de mejora de los ingresos públicos y tras haber hablado con todos los operadores jurídicos afectados se ha tomado la decisión de suprimirlas», argumentaron fuentes ministeriales.
La reforma de las tasas judiciales, que gravaba una media de entre 50 y 750 euros los recursos en todas las instancias y los órdenes social, civil y contecioso-administrativo, entraron en vigor en diciembre de 2012, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia. La supresión acordada ahora solo afectará a las personas físicas, no a las jurídicas, es decir, a las empresas.
Gallardón justificó por activa que la recaudación de ese canon iba destinada a financiar el acceso a la Justicia Gratuita de los ciudadanos con menos recursos (abogado de oficio, etc.). Sin embargo, a su sucesor Rafel Catalá no le ha quedado más remedio que reconocer que, en realidad, la recaudación iba a la «caja única» del Estado, con la que se han financiado servicios públicos como Sanidad o Educación.
Fuentes ministeriales reseñaron que no se suprimirán las tasas a las pequeñas y medianas empresas, pese a que era otra reivindicación de los operadores jurídicos.