Fianza de medio millón para Alonso por el alquiler de locales en Vitoria
La instructora sostiene que se pagó «un precio superior al que hubiese correspondido» .
El ministro de Sanidad y ex alcalde de Vitoria, Alonso.
El polémico y oneroso alquiler de los locales de la calle San Antonio de Vitoria ha supuesto una clara reprobación de la actuación del PP durante el mandato del entonces alcalde de la ciudad Alfonso Alonso. La instructora del Tribunal de Cuentas, Mónica Rino García Camacho, impuso ayer una fianza de 499.223 euros a los nueve concejales que, en 2007, componían el Gobierno municipal -entre los que se incluye el propio ministro de Sanidad y el alcalde Javier Maroto-, como responsabilidad por los presuntos perjuicios causados a la contabilidad municipal al haberse pagado «un precio superior al que hubiese correspondido» por el arrendamiento de las oficinas de San Antonio.
En el plazo de diez días, los ediles del PP tendrán que «reintegrar, depositar o afianzar en cualquiera de las formas legalmente acometidas» y de manera solidariaesa cantidad. Además, la instructora ha fijado otra fianza para los tres últimos concejales de Hacienda de la capital alavesa -el propio Maroto, la socialista Marian Gutiérrez (2007-2011) y el actual, Manu Uriarte- de 1.696, 5.228 y 13.366 euros, respectivamente ,por «errores en la aplicación del coeficiente de actualización». En cualquiera de los casos, si no se atiende a este requerimiento -según la notificación de la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento- se podría «proceder al embargo de bienes».
En el acta de liquidación provisional, la delegada destaca que cuando se firmó el contrato con el empresario Gonzalo Antón -el 16 de febrero de 2006-no se tuvo en cuenta el «informe técnico emitido con carácter previo» por los técnicos municipales. Para la instructora la renta fijada por la Unidad Técnica de valoración del departamento municipal de Urbanismo, de 10.168,19 euros al mes, es la única referencia válida, descartando otros estudios que respaldaban los 12.500 euros que finalmente se acordaron. Rino García Camacho también reprueba en su expediente las actualizaciones fijadas para cada anualidad, al seguir una tabla de incrementos que llegó hasta los nueve puntos en el quinto y sexto año de arrendamiento, 2012 y 2013. «El informe técnico prevé que la renta se actualice en función del IPC (Índice de Precios de Consumo), mientras que el contrato establece, en algunos ejercicios, un porcentaje de actualización superior».
La instructora, que también censuró la penalización por rescisión del contrato, establece el posible quebranto causado a la contabilidad municipal.
El abogado que acudió en nombre del PP, Julio Castelao Rodríguez, solicitó que el caso San Antonio prescribiese, como ya habían anunciado desde el Consistorio.
Ahora comienza la fase de enjuiciamiento, tras la que el órgano fiscalizador presentará un informe sobre si han existido, o no, anomalías contables en el caso San Antonio.