Bárcenas atribuye el fraude fiscal del PP a Rajoy, Cospedal, Arenas y Acebes
Afirma que los estatutos dan poderes absolutos en las finanzas a los secretarios.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Luis Bárcenas recurre al único argumento de defensa posible. El ex senador, que no puede rebatir que el PP tuvo una contabilidad paralela entre 1990 y 2008 porque fue él mismo quien reveló y confirmó su existencia cuando decidió tirar de la manta, se escuda en que él fue un mero peón en el engranaje de la caja B. Y ello porque los propios estatutos del partido establecen que los únicos responsables financieros de la formación son los secretarios generales por mucho que en esa época los tesoreros fueran el propio Bárcenas o Álvaro Lapuerta.
O lo que es lo mismo, el imputado, sin llegar a citarlos, señala directamente como responsables de la contabilidad en negro del partido a los cinco secretarios generales que ha tenido el PP en esos 18 años: Francisco Álvarez-Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Mariano Rajoy (2003-2004), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (desde 2008 hasta el presente). Todos, excepto Rajoy, declararon como testigos en la causa, pero ninguno fue imputado.
Dos años de pesquisas
El ex tesorero lanzó estas graves acusaciones contra el actual presidente del Gobierno y los otros altos cargos del PP en el escrito con el que recurre el auto dictado el pasado 23 de marzo por el juez Pablo Ruz y en el que el magistrado constató la existencia de la doble contabilidad en la formación política. Un auto que dio por concluida la instrucción de la pieza conocida como ‘papeles de Bárcenas’ tras dos años de pesquisas y que sentó en el banquillo, además de al exsenador y a Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez, a los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y la empleada de esta mercantil que cobró 1.552.000 euros en negro por la reforma de la sede nacional del PP, Laura Montero.
«Nuestro patrocinado (Bárcenas) no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política», apunta en su escrito el letrado Francisco Maroto. El abogado insiste en que «los administradores o legales representantes del PP son aquellos en los que el Congreso Nacional del PP otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario». Y esos son —recuerda— los secretarios generales. A ellos, según Bárcenas, la normativa interna de la formación popular les da las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración pública».
De acuerdo con la tesis del extesorero, son los propios «criterios jurídico tributarios establecidos por el PP» los que hacen «recaer en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero» la responsabilidad sobre las finanzas de la formación y, por ende, de la existencia de esa contabilidad en negro.