Catalá rectifica su idea de sancionar a los medios por difundir sumarios judiciales
El Gobierno y el PP no daban crédito a la propuesta del ministro de Justicia, quien hizo uso de todo tipo de justificaciones.
El ministro de Justicia, Catalá, rodeado de periodistas.
«¿Qué más nos puede pasar?» Se preguntaba un hastiado Mariano Rajoy en un mitin del pasado fin de semana tras la peliculera detención de Rodrigo Rato. Pues que el ministro de Justicia removiera el avispero dormido de la libertad de información con una propuesta de sanciones a los medios de comunicación que divulguen sumarios judiciales secretos. Nunca un miembro del Gobierno recibió tal cantidad de críticas y reproches, tanto de los suyos como de los otros. Rafael Catalá trató ayer de matizar y aseguró que nadie piensa en castigos a los informadores, pero el desastre para el Ejecutivo ya estaba hecho.
En La Moncloa y en la dirección del PP no daban crédito a las palabras de Catalá en el Círculo Ecuestre de Barcelona favorable a «obligar» a los medios a no divulgar detalles de los sumarios judiciales declarados secretos y en caso contrario establecer sanciones para los que publicasen ese tipo de información. El Gobierno y su partido ya habían pasado por ese trance cuando Alberto Ruiz-Gallardón amagó hace tres años con incluir esos castigos en la ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la fenomenal polvareda que se levantó en su momento obligó al entonces titular de Justicia a arriar velas. Por eso nadie se explicaba por qué Catalá había desempolvado el asunto a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo y a seis meses de las generales.
«Bisoñez política», concluía un veterano diputado del PP, que recordaba que el ministro es un independiente con marcado perfil técnico con solo siete meses en el puesto. «Mi planteamiento no tiene nada que ver con penalizar a los medios de comunicación», solo «he puesto encima de la mesa esta reflexión», trataba de justificar Catalá a primera hora de la mañana tras comprobar el tamaño de la polémica suscitada y la orfandad de apoyos a su idea. Insistió en que solo hizo una «reflexión» y que esa medida coercitiva en absoluto forma parte de los planes del Gobierno. Es más, encuadró sus palabras en un debate abierto en el Parlamento Europeo sobre una directiva comunitaria referida a la presunción de inocencia.
El secretario de Relaciones con las Cortes y portavoz oficioso del Gobierno, José Luis Ayllón, aseguró que entre los planes gubernamentales no figura «ninguna propuesta en torno a la sanción a los medios de comunicación» y atribuyó el comentario a una hipótesis «personal» del ministro. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, apuntó que los medios «cumplen su deber informando y cuando se cumple un deber no puede haber infracción». Lo que tienen que hacer es «un ejercicio responsable» de la profesión y «autoregularse». La fiscal general, Consuelo Madrigal, no vio ningún problema en que se divulguen aspectos secretos de los procesos judiciales si «esa información no perjudica a la investigación. Esa es la línea».
El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, reivindicó que «la libertad de información es sagrada» y trató de echar una mano al ministro, que «ya ha matizado» sus palabras. El comentario de Floriano fue compartido en público por la mayoría de los dirigentes populares aunque en privado no escondían su sorpresa y malestar. Catalá solo encontró una voz amiga, la de Esperanza Aguirre, la eterna ‘outsider’, que defendió que si un sumario judicial es secreto «no se debe publicar», y eso no tiene nada que ver con la libertad de información sino con «la indefensión» que puede generar en los aludidos.
Para la oposición el comentario del ministro no tenía ni un pase y el líder del PSOE exigió a Mariano Rajoy que desautorizara a Catalá porque de lo contrario habría que pensar que el Gobierno barrunta algo en ese sentido. Pedro Sánchez pidió al Ejecutivo que se preocupe menos de «perseguir a los que denuncian la corrupción» y más de «perseguir la corrupción». El resto de líderes políticos de todo el arco parlamentario sin excepción arremetieron con mayor o menor crudeza contra la propuesta del ministro de Justicia.
También las organizaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España y la Asociación de Editores de Diarios Españoles se sumaron al rechazo.