El PP frena una reforma para prohibir el indulto de los políticos corruptos
La propuesta fue del PSOE y tiene el apoyo de todos los partidos de la oposición.
Vista general del Congreso de los Diputados, en una de las últimas sesiones.
El PP, con los únicos votos de su mayoría absoluta, impidió ayer que el Congreso comenzase a tramitar una reforma de ley del PSOE que tenía como objetivo principal prohibir al Gobierno la concesión del indulto a cualquier autoridad o cargo público que sea condenada por un delito de corrupción. En concreto, el texto excluía por ley de la medida de gracia al político o alto funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, o prevaliéndose de su posición, cometiese delitos «con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero».
La proposición de ley socialista, que recibió el apoyo unánime del resto de la oposición para su toma en consideración por la cámara, era, de hecho, una reforma ambiciosa de la ley del indulto que no solo buscaba desterrar el uso de la gracia para los delitos de corrupción, sino que abría la puerta al control judicial de las razones por las que el Consejo de Ministros puede conmutar o reducir las penas a cualquier condenado.
Lo hacía por dos vías. La principal, recuperaba la obligación —suprimida de hecho en 1988 por los propios socialistas— de que todos los indultos tuviesen que tener una motivación clara y por escrito de su concesión, mucho más allá de la genérica y opaca alegación a razones de «justicia, equidad y utilidad pública» a la que ahora solo obliga esta norma decimonónica que funciona casi sin cambios desde 1870.
Esta argumentación concreta y obligada del indulto permitiría a los jueces un cierto control sobre la ausencia de arbitrariedad de la gracia, vía recurso, mediante el que los tribunales ahora solo pueden anular la medida si presenta defectos formales en los trámites de concesión.
En detalle
La proposición no nata también establecía que para la concesión del indulto total, el que extingue la pena, el Gobierno debía contar con un informe favorable del tribunal que dictó la sentencia, lo que limitaba de forma amplía su discrecionalidad.
El portavoz del PP, el ex jefe de la Abogacía del Estado Arturo García Tizón, admitió que esta ley requiere de una reforma, que incluya incluso la exclusión de delitos de corrupción, o de otros como el terrorismo, la pederastia o la violencia de género, y dijo que de hecho el Ministerio de Justicia la tiene en estudio, pero bloqueó el intento socialista, posiblemente la última posibilidad antes del fin de la legislatura, porque dijo que era «oportunista» y solo buscaba réditos políticos.