Bárcenas pide su reingreso en el PP o 900.000 euros por despido improcedente
La Justicia tendrá que dirimir de nuevo la situación laboral del ex tesorero.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en una imagen de archivo.
El pasado 23 de enero, un día después de salir de prisión tras abonar una fianza de 200.000 euros, Luis Bárcenas se presentó en la Audiencia Nacional para fichar por primera vez en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Pablo Ruz. A su salida, el ex tesorero del Partido Popular lanzó una serie de torpedos a la línea de flotación de la cúpula del partido, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como dianas preferidas.
El último órdago de su intervención se refirió a su situación laboral en el PP. Y su respuesta, pese a la ironía manifestada, dejó helado a más de uno en la sede de los populares en la calle Génova 13 de Madrid. Afirmó que estaba «meditando» solicitar su reingreso tras el primer encontronazo judicial con su antigua empresa. «Sería una opción porque al parecer estoy en estos momentos en excedencia forzosa. Habría un defecto formal y yo no habría pedido la reincorporación. Estoy meditándolo, probablemente pida la reincorporación», aseguró aquella mañana con media sonrisa antes de subirse al coche de su hijo mayor.
Dos meses después de aquella contestación, acuciado por las fuertes fianzas civiles que debe de abonar tanto en el caso Francisco Correa como en la causa de la caja B, defenestrado por los dirigentes populares como un ladrón que metió la mano en la caja de la formación, Bárcenas contraatacó con un nuevo órdago: mandó una carta a la oficina de recursos humanos del partido para solicitar formalmente su readmisión.
La respuesta, como era de esperar, llegó un mes después, el 22 de abril, y fue simple y llanamente no. Entonces, el ex tesorero ordenó a su defensa legal presentar una demanda de conciliación para que se declare que ha habido un despido improcedente y se le indemnice con más de 900.000 euros. Esta cifra obedece a los 21.300 euros mensuales que percibió durante los casi tres años que simularon la contratación, de abril de 2010 a enero de 2013, más las pertinentes pagas extras.
El caso es que este carteo entre las partes se conoció ayer, a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales del domingo y con las previsiones electorales del PP a la baja. No obstante, la noticia también surge en vísperas del acto de conciliación previo a la judicialización de la demanda, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 10.30 horas. Si como todo indica no hay acuerdo, Bárcenas llevará de nuevo a la que fue su empresa durante más de 20 años a la jurisdicción social. En juego, su improbable readmisión -el PP nunca lo permitiría- o los más de 900.000 euros que solicita por los perjuicios generados.
Esta segunda batalla laboral llega después de que los tribunales zanjaran que ni una ni otra parte tenía razón. A Bárcenas le dijo que en realidad nunca había vuelto a ser contratado tras su excedencia, y al PP que el dinero que le pagó cada mes entre 2010 y 2013 no era ni por un contrato ni por una indemnización. Esto es, no hubo un «despido en diferido» como trató de justificar María Dolores de Cospedal.
Así, la decisión del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, avalada hace dos semanas por el Tribunal Superior de la comunidad, volvía a dejar a Bárcenas en la situación laboral de excedencia forzosa en la que se encontraba desde 2004, cuando la solicitó para tomar posesión de su acta de senador por Cantabria. Precisamente, el tribunal aseguró que el PP «simuló» una relación laboral con Bárcenas y «no es razonable» pagarle 21.300 euros al mes, darle un chófer, secretaria personal o cestas en Navidad «sin recibir ninguna contraprestación» por ello.
El tribunal también aseveró que el PP pudo defraudar a la Seguridad Social al mantener un contrato simulado con Bárcenas, e instó a esta institución, a la Inspección de Trabajo, a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía a investigarlo porque los hechos pueden ser objeto de una grave infracción administrativa.