Las comisiones del 3% hacen tambalear la campaña independentista catalana
La Guardia Civil registra la sede de Convergència, su fundación y cuatro ayuntamientos.
Agentes de la Guardia Civil, en un momento del registro.
La sombra de la corrupción conmocionó ayer la campaña de los independentistas, sobre todo la de Convergència, formación integrada en la lista independentista de Juntos por el Sí, junto a Esquerra y las plataformas soberanistas. A un mes de las elecciones del 27-S, la Guardia Civil registró la sede delpartido en Barcelona, así como su fundación CatDem, cuatro ayuntamientos gobernados por los nacionalistas (Lloret de Mar, Figueras, Sant Celoni y Sant Cugat) y el domicilio del extesorero de la organización Daniel Osácar, imputado en el ‘caso Palau’ y para el que la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel.
Los agentes, en el marco de la ‘operación Petrum’, dirigida desde la Fiscalía Anticorrupción, buscaron documentación relacionada con el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Otra vez el famoso 3%, un fantasma con visos de ser real y que persigue a Convergència desde que en 2005 Pasqual Maragall deslizó su célebre acusación —«ustedes tienen un problema y se llama 3%»— y que salpicó de lleno al partido que lidera Artur Mas cuando el juez del ‘caso Palau’ le embargó como garantía de pago su sede central (luego hizo lo propio con otros 15 locales) y acusó al partido de haberse beneficiado de seis millones a través del expolio millonario perpetrado contra la entidad cultural.
El registro policial de ayer, en el que no se practicaron detenciones, investigaba los vínculos entre la familia Sumarroca, fundadora de Convergència y propietaria de la constructora Teyco, y la financiación de la formación nacionalista. Se sospecha que la empresa constructora habría pagado comisiones ilegales del 3% al partido a cambio de la adjudicación de concursos públicos en Figueres, Lloret de Mar, Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès, cuyos consistorios también fueron registrados por la Guardia Civil.
Con nombre y apellidos
Estas presuntas mordidas comprometen a destacados dirigentes convergentes, como el consejero de Obras Públicas, Santi Vila, alcalde de Figueras cuando se habrían producido los pagos (2008 y 2009); el ex consejero Lluís Recoder, alcalde en Sant Cugat en esa época; así como su mano derecha, Mercè Conesa, entoces concejal de Urbanismo y en la actualidad presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa del municipio.
Los pagos ilegales se habrían abonado a través de CatDem, la fundación de Convergència que actúa de ‘think tank’ y que siempre ha estado en el ojo del huracán. Daniel Osácar, extesorero de CDC fue administrador de la fundación, que antes se llamaba Trias Fargas, y está imputado por financiar el partido de manera irregular a través del Palau.
La operación llevada a cabo este viernes es continuación de una investigación que arrancó hace dos años en el municipio tarraconense de Torredembarra.