POLÍTICA
El PP quiere inhabilitar a Mas tras la convocatoria electoral catalana
Plantea una reforma para castigar a los gobernantes que no cumplan sus sentencias
El presidente de la Generalitat, Artur Mas en una cena coloquio organizada por la Cámara de Comercio de Girona.
El PP registró en el Congreso una proposición de ley urgente para modificar la ley del Tribunal Constitucional a fin de que los gobernantes que incumplan sus sentencias sean suspendidos en sus cargos. El partido gubernamental actuó de forma preventiva ante las iniciativas que pueda adoptar Artur Mas tras las elecciones del 27-S, como la hipotética declaración unilateral de independencia si la lista soberanista de Junts pel Sí alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña.
«La broma se ha terminado», zanjó el candidato del PP catalán, Xabier García Albiol, para los comicios del 27-S en una sorprendente comparecencia en el Congreso, pese a no ser diputado, acompañado del portavoz popular en la Cámara, Rafael Hernando. El controvertido ex alcalde Badalona no perdió el tiempo en rodeos y admitió que la reforma de la ley del Constitucional a un mes de las elecciones es un mensaje «muy claro» para los que quieren separar «Cataluña del resto del Estado». Con esta reforma legal, prosiguió, «nadie va a proclamar la independencia de Cataluña».
La reforma que plantea el PP tiene como punto nuclear la modificación del artículo 92 y establece «la suspensión de sus funciones a las autoridades» en caso de que el Tribunal Constitucional apreciase «el incumplimiento total o parcial» de sus resoluciones por parte de esos gobernantes. Para que se haga efectivo el castigo, la corte de garantías «podrá requerir la colaboración del Gobierno» a fin de que adopte «las medidas necesarias» para materializar el correctivo. El Constitucional lo acordará «sin oír a las partes» cuando «concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional». Además eleva las multas para los casos de desobediencia de 3.000 a 30.000 euros; ahora son de 600 a 3.000.
Munición legal
El Gobierno y el PP quieren tener munición legal para responder a las previsibles decisiones soberanistas si los independentistas ganan las elecciones del 27 de septiembre con mayoría suficiente para controlar el Parlamento. El Gobierno de Mariano Rajoy llevó con todo sigilo sus planes porque esta iniciativa legislativa no figuraba en ninguna de las hipótesis de respuesta a los movimientos separatistas de Cataluña. Es más, todos los partidos de la oposición admitieron su ignorancia sobre lo que se cocinaba en los fogones de la Moncloa y el Ministerio de Justicia.