Absueltos dos guardias civiles de torturar a un detenido tras una pelea callejera
La festividad de la Virgen de Pilar, patrona de la Guardia Civil, de hace seis años no se recordará por los canapés y la música en el cuartel de Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Hacia la 1.00 de la madrugada del 12 octubre de 2009, el puesto de guardia recibió una llamada de la Policía Local pidiendo apoyo por una grave pelea callejera. Dos patrullas dirigidas por José Ramón Rico llegaron a la calle Soledad de la localidad turística unos minutos después. Hubo tumulto, forcejeo e insultos a los agentes, que detuvieron a Luis Alfredo Bolaños y John Harry Ortíz.
Ante la resistencia del primero —«estaba mirando, vino el agente y me dijo: sudaca de mierda, qué pasa y me tiraron al suelo», relató Bolaños en el juicio—, emplearon la fuerza para reducirlo y esposarlo. Los policías locales tuvieron que hacer un cordón de seguridad para que los guardias salieran de allí entre los insultos de los presentes. «Somos más. Podemos con vosotros», les llegaron a advertir.
En el cuartel, Bolaños llamó a su mujer a la 1.38 contándole que le habían dado una paliza. Lo hizo desde un móvil que no le habían intervenido, ya que los agentes con las prisas se olvidaron de registrarle. Elisabeth Cuéllar, su esposa, llegó al cuartel y comentó al agente de la entrada que sus compañeros habían pegado a su marido. Confesó que éste le había llamado desde el calabozo.
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Advertidos, ocho agentes, según relató la víctima en el juicio, buscaron a Bolaños, lo sacaron a la fuerza y lo llevaron al baño. «Quítate todo, cinturón, móvil, botas de trabajo…». Y una vez en ropa interior le agredieron. «Para Rico, para..», llegó a escuchar la víctima de boca de un guardia. Bolaños perdió dos dientes, tuvo un moratón en un ojo, herida labial y hematomas costales, en pierna y hombro. La reconstrucción dental le costó 4.800 euros.
En el juicio por delitos de torturas y lesiones, la Fiscalía pidió para los agentes Rico y Víctor Blanco cinco años y medio de cárcel, mientras que la acusación particular elevó a 11 años, tras sumar detención ilegal y falsedad. En su sentencia, el tribunal concluye que los hechos son delictivos pero no tienen autor conocido.