El juez extiende las pesquisas sobre posibles amaños de Rato
Investiga los contratos de Lazard, donde fue directivo, con Bankia .
El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
El juez que investiga si Rodrigo Rato ocultó a Hacienda parte de su patrimonio real (tiene impuesta una fianza civil de 18 millones de euros por este motivo) ha ampliado sus pesquisas sobre contratos presuntamente amañados en la etapa que el ex político presidió Bankia (desde diciembre de 2010 a mayo de 2012). Según fuentes jurídicas, entre otros acuerdos cuya copia ha solicitado al banco -ya sea directamente, o a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- figuran los firmados con la firma de inversión Lazard, de la que él mismo fue directivo.
La justicia ha concluido ya en fase preliminar -tanto el instructor del caso, Antonio Serrano-Artal, como la Audiencia Provincial de Madrid-, aunque la instrucción proseguirá, que existen «indicios sólidos» de que el grupo Publicis pagó comisiones por, al menos, dos de los contratos (valorados en 23,8 millones de euros) que suscribió con Bankia cuando Rato estaba al frente. De ese dinero, dos millones fueron abonados al intermediario Alberto Portuondo, quien a su vez derivó luego otros 835.000 euros a una sociedad del que fuera vicepresidente del Gobierno.
Ahora se quiere extender la causa, donde ya hay una quincena de imputados (la mayoría excolaboradores de Rato), a otros contratos bajo sospecha suscritos en esa etapa del banco. Ahí aparecen los cinco firmados con Lazard por un importe global de 16,4 millones para asesorar, entre otras cosas, su polémica salida a bolsa. Pero tras la marcha forzada de Rato el nuevo equipo gestor de Bankia anuló el acuerdo más importante, de 10,6 millones, pensado en teoría para que la adjudicataria buscara posibles compradores para la entidad financiera.
Sin considerar este último contrato, el más cuantioso fue precisamente el más controvertido, puesto que Lazard percibió 2,9 millones por prestar consejos financieros al banco con ocasión de su operación de venta pública (OPV) en julio de 2011. Cabe recordar que por esta operación terminaron luego imputados en la Audiencia Nacional todos los miembros de su consejo de administración acusados, entre otros delitos, de una presunta estafa a los pequeños inversores.
De hecho, el magistrado que lleva ese caso, Fernando Andreu, acaba de elevar hasta los 38,2 millones de euros la fianza civil por esa salida a bolsa, con la que se cubrirían las posibles indemnizaciones a los accionistas minoritarios. La suma tendrá que ser cubierta de forma solidaria por el banco, Rato y otros tres ex administradores, pero Bankia ha recurrido al considerar que el aumento decretado (de 4,7 millones) es «contrario a toda lógica», en la medida que supone dudar de su solvencia para afrontar pagos mayores si aumentara el número de perjudicados.
No obstante, según declararon en su momento varios ex consejeros de Bankia, Rato nunca comentó a la cúpula de la entidad el detalle de su relación con Lazard. Tampoco mencionó que hubiera pendientes pagos diferidos de esta (l6,7 millones vinculados a las acciones referidas) por trabajos que habría realizado en una etapa anterior a su llegada al banco.