La trama del agua salpica a los gobiernos de Zapatero y Rajoy
Directivos de Agricultura y empresarios pactaron durante años inflar proyectos.
El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra.
La trama corrupta de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) salpica a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy e implica a diez de las mayores constructoras de España, según las investigaciones del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Durante casi una década, de 2007 hasta 2015, al menos 48 altos cargos del Ministerio de Agricultura y directivos de grandes constructoras operaron como una verdadera mafia para hinchar de manera ficticia presupuestos de grandes obras hídricas para repartirse luego el dinero. Los primeros cálculos de la UCO apuntan a que los trece detenidos y las otras 35 personas implicadas en la red se apropiaron de entre 20 y 25 millones de euros de fondos públicos, pero Anticorrupción y los agentes están seguros de que la cantidad será mucho mayor porque solo se conoce la «punta del iceberg».
Los orígenes
Y esa «punta del iceberg» —explicaron los responsables de la operación Frontino— son solo las seis adjudicaciones irregulares que en septiembre de 2014 denunció ante la Fiscalía el hasta entonces director general de Construcción de Acuamed, Francisco Valiente, y otros tres trabajadores del ente. Se trata de proyectos aprobados y ejecutados entre 2007 y 2014, cuando las responsabilidades máximas en los ministerios de Agricultura o equivalentes las ocupaban Elena Espinosa, Rosa Aguilar, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Esas obras, que costaron unos 620 millones de euros y en buena parte fueron financiadas con fondos europeos, son: la desaladora de Torrevieja, en Alicante (271 millones); la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (195 millones); la planta de desalinización Bajo Almanzora, en Cuevas del Almanzora, Almería (78 millones); la presa de laminación de la Rambla Gallinera, entre Oliva y l’Atzúbia, en Valencia (43 millones); abastecimiento de agua a Mutxamel y Campello, en Alicante (19 millones); y la construcción de defensas frente a erosiones e inundaciones del Río Serpis, en Gandía, Valencia (casi 15 millones de euros).
El modus operandi era siempre el mismo. Cuando la obra estaba prácticamente acabada, los adjudicatarios presentaban pliegos con sobrecostes por la utilización de materiales de más calidad, que en realidad no existían, y estas peticiones eran aceptadas en las certificaciones finales por parte de los técnicos de Acuamed, que daban el visto bueno al inflar el presupuesto al menos un 5%, aunque hay casos de porcentajes superiores. Diez de las grandes constructoras españolas involucradas en esos proyectos están bajo la lupa de la UCO.