El independentismo desafía al Constitucional
Horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistiera en que el proceso independentista va «en serio», Junts pel Sí y la CUP, las dos formaciones secesionistas que apoyan el Ejecutivo autonómico, registraron en la Cámara catalana la petición para que se inicie la tramitación de las tres leyes de ruptura: la de la hacienda propia, la de la seguridad social y la de transitoriedad jurídica.
Los dos partidos soberanistas, que suman 72 de los 135 diputados del Parlamento catalán pero no más del 48% de los votos, cumplen de esta manera con los plazos que establecía la declaración independentista aprobada el 9 de noviembre, que insta a arrancar los trabajos legislativos de estas tres piezas básicas del eventual futuro Estado catalán en treinta días desde la investidura del presidente. En paralelo, lanzan un desafío al Constitucional, que anuló la resolución secesionista y que está facultado por una reforma exprés del Gobierno central para imponer multas o inhabilitar a los cargos públicos que incumplan sus sentencias.
Las tres leyes se tramitarán a través de ponencia conjunta y en forma de proposición de ley, y no como proyecto de ley y que los grupos independentistas consideran que es más fácil de impugnar.