El Supremo archiva la causa a la ex alcaldesa de Jerez en el caso de Francisco Correa
El instructor Del Moral cree que a García-Pelayo no se le puede atribuir conducta dolosa.
La diputada del PP María José García-Pelayo. ROMÁN RÍOS
m. balín | madrid
El Tribunal Supremo sobreseyó y archivó la causa abierta a la ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo por los contratos suscritos por su Ayuntamiento con la trama de Francisco Corrrea para la feria de turismo Fitur de 2004. El magistrado Antonio del Moral consideró que no hay indicios de responsabilidad penal en su actuación a pesar de que había «una trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles, sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable».
La hoy diputada del PP estaba investigada por los delitos de prevaricación y falsificación en documento oficial por los contratos que suscribió para el desarrollo de la feria de turismo de aquel año, así como otros tres actos promocionales en la Plaza Mayor de Madrid y en el parque del Retiro de la capital. Del Moral admite en su auto el carácter absolutamente irregular de aquella contratación adjudicada a tres empresas vinculadas a la red de Francisco Correa por 355.391 euros. Pero sostiene que los expedientes se tramitaron después de la celebración de Fitur. Es decir, que se adjudicaron antes de la tramitación de los expedientes administrativos y, por tanto, considera que García-Pelayo no tuvo responsabilidad en la adjudicación y no se le puede atribuir una conducta dolosa.
Según el magistrado del Supremo, la entonces alcaldesa firmó los contratos pero no sabía que la rúbrica servía para fines delictivos.
Por similares motivos, varios aforados del PSOE, entre ellos los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves o José Antonio Griñán en el caso de los ERE, fueron investigados por el Supremo y ahora por un juzgado de Sevilla por estar presentes en las reuniones donde se tramitaban las ayudas sociolaborales sospechosas, pero sin tener conocimiento exacto del contenido de las mismas. En ese caso, el instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro sí vio indicios de responsabilidad penal pese a que el reparto de los fondos se gestionaba en la Dirección General de Trabajo.