La Abogacía y la Fiscalía no descartan la vía penal para frenar a Cataluña
El Consejo de Ministros instará a la corte a pronunciarse contra la desconexión .
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la sede de la institución que preside. ANDREU DALMAU
melchor sáiz-pardo | madrid
La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado no descartan llegar, incluso, a la vía penal para frenar el desafío del Parlament de Cataluña tras la votación el miércoles de la las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, según confirmaron responsables de ambas instituciones.
Hoy viernes el Consejo de Ministros dará luz verde a los servicios jurídicos del Estado a presentar un nuevo «incidente de ejecución» ante el Constitucional para forzar a la corte a pronunciarse, de una forma más tajante, contra la resolución para iniciar la desconexión y declarar de forma unilateral la independencia catalana.
Los especialistas del Ministerio de Justicia aseguran tener clara la hoja de ruta a seguir, aunque admiten que hay algunos escollos.
Ni para la Abogacía del Estado ni para la Fiscalía cabe la «menor duda» de que la votación que aprobó las conclusiones con los 72 votos a favor de Junts pel Sí y la CUP fue un «flagrante incumplimiento» de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2015, que anuló la resolución del 9 de noviembre de ese año por el que se iniciaba el proceso de ‘desconexión’.
También ven en la votación del pasado miércoles una «clara desobediencia» del auto de la corte de garantías del pasado 19 de julio, en el que el tribunal avisó, en particular a la Mesa y a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar sus mandatos.
Ese auto del Constitucional fue la respuesta a un escrito de la Abogacía del Estado en el que los servicios jurídicos solo pedían la nulidad de esa ‘Comisión Constituyente’ y que sus miembros no siguieran avanzando en esa línea. Pero ahora -explican responsables de la Abogacía- la «acción ante el Constitucional va a ser mucho más severa».
Medidas coercitivas
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional promovida por el actual gobierno y aprobada en la pasada legislatura sólo con el apoyo del PP permite agilizar las medidas coercitivas a través de estos «incidentes de ejecución» para que el incumplimiento de las resoluciones de la corte no quede impune. Los servicios jurídicos del Estado apuntan ya directamente al artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional, que prevé un amplio de sanciones a las «instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares» que «incumplan total o parcialmente» sus órdenes.
Las sanciones van desde «multas coercitiva de 3.000 a 30.000 euros» a la «suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal», pasando por la ejecución de las «medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones» con el apoyo del Gobierno. O, incluso, «deducir testimonio» para «exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» a las autoridades que desobedezcan las instrucciones de la corte de garantías.
Y las miradas de la Abogacía del Estado se centran, en un primer momento, en Carme Forcadell y en el resto de componentes de los órganos de gobierno de la cámara autonómica.
El aviso del Constitucional iba directamente dirigido a la Mesa de la Cámara catalana, pero los dos grupos que impulsaron la votación quisieron blindar a este órgano, introduciendo la votación en el pleno y pidiendo la alteración del orden del día en el mismo hemiciclo. Y el reglamento de la cámara no incluye la potestad de la presidencia de impedir esa votación.
La responsabilidad sobre esa votación inconstitucional -entienden los promotores de este nuevo órdago nacionalista- caería sobre los dos grupos completos que propusieron el cambio del orden del día, Junts pel Sí y la CUP.
Una interpretación discutida por los especialistas del Ministerio de Justicia, que en cualquier caso dejan abierta la puerta para actuar contra los portavoces de los grupos que propusieron cambiar el orden del día, así como contra todos los diputados que votaron a favor de las conclusiones de la comisión de estudio.