Mas afirma que «es un honor ser procesado por el 9-N»

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente.

El expresidente catalán Artur Mas dio ayer su opinión. TONI ALBIR

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León

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c. reino | barcelona

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se enfrenta a una condena de diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por haber desobedecido supuestamente al Constitucional, cuando decidió continuar con la celebración del simulacro de consulta sobre la independencia del 9-N de 2014.

Una semana después de que el sucesor de Mas, Carles Puigdemont, se comprometiera a convocar lo que a día de hoy podría ser un 9-N bis, para septiembre de 2017, la Fiscalía presentó ayer el escrito de acusaciones del caso del 9-N, por el que pide además casi nueve años de inhabilitación para dos de las excolaboradoras de Mas: Joana Ortega, exvicepresidenta, e Irene Rigau, exconsejera de Educación.

El Ministerio Público acusa a los tres de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación. A Mas como autor del 9-N y a las exconsejeras como cooperadoras necesarias. Se les imputa haber desatendido el mandato de alto tribunal de forma intencionada y, en consecuencia, de incumplir la obligación de dejar sin efecto la convocatoria del 9-N, que en un primer momento se planteó como una consulta y finalmente se presentó como un proceso participativo, en el que votaron 2,3 millones de catalanes, el 37% del censo.

Mas afirmó ayer que sólo se trataba de conocer la opinión de la gente y que la consulta carecía de valor jurídico, por lo que no cometió ningún delito. «La consulta no era para declarar la independencia», se justificó. Según la Fiscalía, el Gobierno autonómico «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión» del Constitucional. El Alto Tribunal dictó la anulación de la votación el 4 de noviembre, cinco días antes de su celebración, y se lo comunicó por correo electrónico al presidente de la Generalitat. Aun así, el expresidente de la Generalitat, actuando «con plena consciencia y voluntad», se negó a suspender oficialmente la convocatoria, «incumpliendo la obligación» que tenía, según sostiene la Fiscalía.

A partir de ahí, el relato del Ministerio público mantiene que Mas «se concertó» con las otras dos acusadas para que las actuaciones públicas de preparación de la votación que ya estaban en marcha continuaran hasta que todo estuviera listo, eso sí, «con la conveniente discreción». El dirigente nacionalista declaró ante el juez que la organización material de la votación corrió a cargo de un ejército de 40.000 voluntarios.

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Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled no dan credibilidad a esta versión.