El tribunal del caso Correa cita a Rajoy ante la falta de colaboración de los populares
Gorriarán / Balín | ;adrid
El tribunal que juzga el caso Correa echó ayer por tierra la mil veces defendida colaboración del PP con la justicia. Los magistrados decidieron citar como testigo al presidente del Gobierno y de ese partido con el argumento de la falta de cooperación de los populares en la vista oral que juzga la primera época de las actividades de la trama entre 1999 y 2005.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso en entredicho el argumento de colaboración con la justicia que siempre esgrime el PP para defender su lucha contra la corrupción. Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y todos los dirigentes del partido señalan en cuanta ocasión tienen que la cooperación con los jueces es su santo y seña para combatir esta lacra. No lo ve así el tribunal del caso, que considera que el PP «se negó a prestar ninguna declaración respecto a los hechos juzgados» y también hizo caso omiso a los requerimientos del tribunal sobre «una gran parte de la testifical».
Así lo reseña en el auto hecho público ayer y que, a buen seguro, habrá causado tanto malestar en la dirección del PP como el que causó la citación del pasado jueves. Entonces, los populares hablaron de «abuso de derecho» y de «clara intencionalidad política».
Algunos detalles
El tribunal recuerda en su escrito que el 4 de febrero de 2016 rechazó una petición de la acusación popular ejercitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa para que se citase a Rajoy porque a pesar de que su testimonio era «admisible» se desestimó en aquel momento para «evitar una innecesaria interferencia en la vida política del país». Los magistrados, no obstante, incluyeron la salvedad de que era factible que «en otro momento ulterior» fuera llamado a declarar. «Pues bien, —afirman los tres jueces— ese momento ha llegado».
Señala que a estas alturas del proceso, con más de seis meses de vistas orales, el tribunal necesita «contar con todo el material probatorio» para deliberar «en las mejores condiciones» y «ejercer nuestra función jurisdiccional de la manera más completa, correcta e informada posible».