Exhumar a las víctimas de la Guerra Civil, un reclamo sin financiación

Fran Giménez | Zaragoza

Exhumar los millares de restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil, que permanecen desde hace ocho décadas en las 2.457 fosas comunes registradas por el Ministerio de Justicia, se ha convertido en un reclamo político de primer nivel al que, sin embargo, no acompaña la financiación para materializarlo.

A pesar de que en algunos casos, como el aragonés, ha comenzado a fluir hacia las asociaciones sin ánimo de lucro que velan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007 —Aragón prevé 275.000 euros en sus presupuestos en vigor— los expertos perciben cierto desamparo en las familias, que son la que asumen finalmente el coste de la exhumación.

Aragón, de acuerdo con los datos ministeriales, presenta el mayor número de enterramientos colectivos de España, con 598. «La administración se centra mucho en recibir la autorización de las familias de los muertos, cuando la acción y el dinero debería venir por parte del Gobierno y no por parte de los familiares», matiza a Efe el arqueólogo David Alonso, que en los últimos años se ha ocupado de diferentes excavaciones en la provincia de Teruel.

En concreto, Alonso completó en agosto de 2016 en las cercanías de la localidad de Argente (Teruel) el desenterramiento de los restos de Lorenzo Martínez, teniente de alcalde del vecino pueblo de Camañas (Teruel) fusilado en verano de 1936 y cuyos descendientes pudieron darle sepultura en fechas recientes.

Según el historiador, los familiares asumieron el esfuerzo económico de los trabajos, así como del propio funeral, en el que también enterraron a una segunda persona hallada junto a su antepasado, de identidad desconocida, un proceso que, en cambio, requirió el permiso del ejecutivo autonómico.

«Justicia social»

«Queda muy bien legislar y podemos hacer leyes muy bonitas, pero si luego la administración no contrata equipos, no hacemos absolutamente nada. Tendría que ser ella quien sufragase estos asuntos, que no son de ámbito privado, sino de justicia social», defiende.

En 2005, Alonso llevó a cabo en la periferia de Teruel otra excavación, en la que halló los restos de trece personas ejecutadas por el bando sublevado al poco de comenzar la contienda en la Plaza del Torico, una tarea que, igualmente, llevó a cabo a título individual.

«Además de mí, hay otros arqueólogos que centran su actividad profesional en estos temas, pero siempre con la misma traba, que es el tema económico. No hay apenas ayudas y el gasto lo deben asumir casi siempre las familias, así que la única opción es trabajar a través de asociaciones que reciban financiación pública y, si aparecen huesos humanos, excavar como es debido», explica.