Justicia presupuesta 140 millones para lavar la cara de la administración

colpisa | madrid

Los fallos en el sistema de gestión procesal LexNET, responsable de las notificaciones telemáticas entre los juzgados y los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores), y que cuenta con 230.000 usuarios, obligó este jueves al ministro Rafael Catalá a comparecer en el Congreso. Su responsabilidad en este «agujero crítico» de seguridad, que obligó a parar el sistema durante 52 horas a finales de julio, fue duramente señalada por los diputados de la oposición. Desde la bancada del PSOE recordaron su reprobación previa en la Cámara y aseguraron que el ministro «está desgastado, indolente y amortizado». «Es un mal político y mal gestor», le espetó el socialista Artemi Rallo. Por su parte, el resto de grupos le exigieron que LexNET (que volvió a fallar el viernes) deje de estar centralizado por el Ministerio y pase al control del Consejo General del Poder Judicial entre peticiones de dimisión.

El panorama ciertamente complicado que preveía Catalá en esta vuelta de vacaciones pasó su primer trámite en el Congreso. Para amortiguar su impacto de cara a la opinión pública, el Gobierno anunció el pasado 25 de agosto la aprobación de una inversión de 55 millones destinada a mejoras informáticas en la Administración de Justicia, antiquísima reclamación de todos los estamentos en el mundo de la toga. Se trataba de dos contratos para la adquisición de nuevo equipamiento y servicios operativos para la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, dirigida por Hernández Carrión. El primero asciende a 36 millones, para la compra de servidores, la ampliación del almacenamiento y la potenciación de la plataforma ‘backup, El segundo suma 19,1 millones.