La Generalitat no cede en su propósito y asegura que «no contemplamos la rendición»
Puigdemont contestará a Rajoy mañana pero sólo para ratificarse en su posición, según el consejero catalán de Presidencia.
El consejero de Presidencia, Jordi Turull, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. ANDREU DALMAU
cristian reino | barcelona
El proceso soberanista catalán, convertido en una complicada partida de ajedrez entre Rajoy y Puigdemont, entrará mañana en tierra ignota. El conflicto se agrava y ninguna de las partes está dispuesta a dar su brazo a torcer, por lo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para intervenir la autonomía, se antoja ya inevitable. «La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios manejados por este gobierno», afirmaron ayer en el Palau de la Generalitat, utilizando un lenguaje casi bélico. Dicho de otra forma, el presidente de la Generelitat no contempla renunciar a la independencia y no cederá a la exigencia que le hizo el presidente del Gobierno para que aclare si declaró o no la independencia en el pleno celebrado hace una semana.
El nuevo plazo marcado por el Gobierno central a Puigdemont para que dé una respuesta al requerimiento de Rajoy expira mañana y, como el lunes pasado cuando caducaba el primer acto, el mandatario autonómico evitará la derrota que supondría para el secesionismo reconocer públicamente que no declaró la independencia el pasado 10 de octubre. «Puigdemont no se moverá» de la contestación que dio el lunes, afirmó ayer el consejero de la Presidencia, Jordi Turull.
Habrá respuesta formal del presidente de la Generalitat, eso sí, y ésta pasará por lanzar una última oferta de diálogo al jefe del Ejecutivo central, como ya hizo siete días atrás. «El diálogo lo mantenemos siempre, es nuestra manera de hacer», afirmó Turull. El problema es que el Ejecutivo catalán solo concibe sentarse a hablar para negociar los términos de la independencia o como mucho la celebración de un referéndum pactado, mientras que en La Moncloa fijan como innegociable superar los límites que establece la Constitución. Posiciones muy alejadas, a día de hoy incompatibles, que hacen que las apelaciones de unos y otros a sentarse a hablar sean más bien un brindis al sol, pensados para no aparecer ante la opinión pública internacional como los causantes del conflicto.
«Plantearemos a Rajoy: ¿quiere sentarse a hablar, sí o no?», insistió el consejero de la Presidencia. Un día después de que la juez de la Audiencia Nacional decretara prisión incondicional para los líderes de la ANC y Ómnium, recogidas por una parte de la prensa internacional, el Gobierno catalán trató así de cargarle a Rajoy el mochuelo del agravamiento del pleito catalán. «Diálogo o represión», repitió el consejero, consciente de que el 155 difícilmente tiene marcha atrás y pensando ya en futuros recursos ante instancias judiciales europeas.
En el Palau de la Generalitat no enseñan sus cartas ni especifican si en el medio plazo optarán por levantar la suspensión de la declaración de independencia del martes pasado o si Puigdemont convocará elecciones para evitar el 155. Lo único que avanzan es que la decisión será la más «eficaz para culminar la independencia». Y Turull se mostró retador: «Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas» dijo. «Tenemos un compromiso explícito con los ciudadanos desde el 1 de octubre».
Junts pel Sí y la CUP fueron más concretos y anunciaron que están en conversaciones para hallar el mejor momento y la mejor fórmula para proclamar la república, aplicar la ley de transitoriedad y avanzar en el proceso constituyente. «Se encontrarán la república proclamada cuando vengan a por nosotros», expresaron los anticapitalistas, que situaron la declaración unilateral en «los próximos días». «Trabajamos en la concreción parlamentaria de los efectos vinculantes del referéndum del 1 de octubre», que consisten en «hacer efectiva la república», apuntaron desde Junts pel Sí.
No puede decirse que el secesionismo desee la aplicación del 155, pero sí lleva un tiempo buscando ‘el cuanto peor, mejor’, pues sabe que al final todo se dirimirá en unas elecciones. La desconexión, en todo caso, es ya efectiva en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, cuyas sentencias no reconoce el Gobierno catalán.