La Manada saldrá de prisión si cada uno paga 6.000 euros de fianza
La única magistrada de la sala, que hasta ahora era contraria a la excarcelación, votó a favor.
La plaza Consistorial de Pamplona volvió a congregar a un gran número de disconformes. VILLAR LÓPEZ
D. C. / p. o. | madrid / pamplona
La Manada volverá a la calle en las próximas horas. Los cinco jóvenes sevillanos condenados a nueve años por un delito de abusos sexuales con prevalimiento a una chica madrileña en los Sanfermines de 2016 saldrán de las cárceles de Pamplona y la madrileña de Alcalá-Meco en cuanto sus abogados paguen los 6.000 euros que la Audiencia de Navarra ha fijado como fianza para decretar su libertad provisional. José Angel Prenda, Angel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo no podrán viajar a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de su víctima (con la que tampoco podrán comunicarse), no podrán abandonar España (se les retira el pasaporte) y tendrán que personarse tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) a fichar en los juzgados. Esas son las únicas medidas cautelares.
Los cinco condenados seguirán en libertad, al menos, hasta el próximo otoño o invierno, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tiene previsto estudiar los recursos de todas las partes contra la condena en primera instancia. Si el fallo fuera condenatorio, la libertad provisional podría ser revocada a la espera de que el Tribunal Supremo, ante el que ya han anunciado nuevos recursos, haga firme la sentencia. La decisión de dejar en libertad a La Manada, que fue notificada a los presos a primera hora de la tarde de ayer, no fue unánime. El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz, votó en contra de excarcelarles. El voto de la magistrada Raquel Fernandino, que sirvió para condenar a los cinco sevillanos y que hasta ahora se había mostrado en contra de todas las anteriores peticiones de libertad, cambió de signo. Fernandino se unió en esta ocasión a Ricardo González, el juez que en la sentencia que se conoció el pasado 26 de abril emitió un voto discrepante defendiendo la inocencia de los condenados, por entender que solo habían participado en una relación sexual múltiple y consentida en un «ambiente de jolgorio y regocijo».
El tándem Fernandino-González inclinó la balanza en un momento decisivo: cuando se cumplen dos años de la prisión preventiva, periodo en la que la ley marca que hay que revisar esta medida, de no mediar (como es el caso) sentencia firme. El tribunal podía haber extendido hasta un máximo de cuatro años (o hasta la mitad de la condena ya impuesta) la prisión preventiva. Pero no lo hizo. Ni fuga ni reiteración La Audiencia Provincial —según fuentes judiciales— no vio motivos para ello al considerar que no existe riesgo de fuga por el arraigo social en Sevilla de los cinco condenados. Tampoco considera que hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que toda la prueba ha sido ya sustanciada en el juicio. Y que tampoco existe riesgo de reiteración delictiva. O sea, que el tribunal no considera probable que La Manada se vuelva a unir para volver a agredir a otra mujer como aquella madrugada del 7 de julio de 2016. Algunos expertos juristas, aun entendiendo que hay motivos jurídicos para excarcelar a los jóvenes, mostraron ayer su sorpresa por el hecho de que el tribunal de Pamplona no haya tenido en cuenta que cuatro de los condenados (Escudero, Cabezuelo, Guerrero y Prenda) tienen todavía pendiente un juicio por los abusos en un coche a otra chica en mayo de 2016 en la localidad cordobesa de Pozoblanco, que también grabaron con sus móviles. Un proceso por el que les podrían caer tres años más de cárcel a cada uno de ellos. Con la excarcelación de La Manada, la Audiencia de Navarra ha hecho suyos punto por punto los argumentos de la defensa de los cinco imputados. En la vista sobre la libertad provisional, celebrada el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona, el resto de las partes abogaron por mantener la prisión preventiva. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga del encarcelamiento. A aquella vista solo asistieron los tres condenados que se encuentran presos en la cárcel de Pamplona (Prenda, Boza y Escudero), mientras que los otros dos (Guerrero y Cabezuelo) siguieron por videoconferencia la sesión desde Meco (donde están encarcelados por su condición de guardia civil, el primero, y militar, el segundo).