El PP se plantea recurrir los Presupuestos al Constitucional si llegan finalmente al Senado

nuria vega | madrid

El PP elevó ayer a «inconstitucional» el borrador de Presupuestos que el Gobierno ha avanzado a la Comisión Europea. Está claro que no habrá tregua política en el centroderecha en la batalla contra las cuentas de Pedro Sánchez. Los populares se han propuesto emplear todas las herramientas a su alcance para torpedear los planes económicos del Ejecutivo o, al menos, intentar conseguir que la alerta sobre el riesgo de «ruina» cale en el electorado. Así se entiende que después de que Pablo Casado llevara el miércoles la ofensiva hasta Bruselas, su partido deslizara la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El PP volvió a cuestionar el contenido y la forma del borrador presupuestario del Gobierno. En primer lugar, los conservadores reiteraron que el plan sobrepasa en cinco décimas el objetivo de déficit del 1,3% que logró aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso y que no ha sido actualizado. Pero, además, dudan de la legalidad del procedimiento. A su entender, no es aceptable que el Ejecutivo envíe al Congreso a principios de diciembre el proyecto de Presupuestos sin haber conseguido sacar adelante la nueva senda de estabilidad y el techo de gasto. El Gobierno intentó establecer su propio marco en julio, pero entonces sus socios parlamentarios no permitieron que los objetivos de déficit pasaran ni tan siquiera el primer trámite. Un mes después, cuando acababa el plazo para volver a mandar la propuesta a la Cámara, el Ejecutivo retrasó el envío ‘sine die’. Su propósito es reformar antes la ley de estabilidad presupuestaria, porque mientras el Senado -es decir, la mayoría absoluta del PP- tenga capacidad de vetar la senda, de poco le servirá a Sánchez superar el obstáculo del Congreso. En este contexto, Hacienda ha remitido a Bruselas el borrador con el reparto que considera deseable y se propone ajustar los Presupuestos a la senda de déficit del 1,3% cuando toque llevar el proyecto al Congreso. Fuentes gubernamentales confirman que el Gobierno cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que avala emplear los objetivos ya vigentes -y válidos, insisten, hasta 2020- sin necesidad de una actualización anual. Pero este es el criterio que cuestiona el PP. El portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, duda de que la Mesa del Congreso vaya a aceptar la tramitación de un proyecto de cuentas sobre el que existan sospechas.