El fiscal defiende que el Supremo juzgue a los políticos presos

El Tribunal Supremo celebró este martes el ensayo general del juicio por el ‘procés’ independentista catalán. Se trató de una vista previa para dirimir la cuestión de la competencia territorial para enjuiciar los hechos. Esto es, si debe ser la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Como era previsible, Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido Vox, apoyaron que la causa sea juzgada en el Supremo, mientras que las defensas de los 18 procesados reclamaron el envío del sumario al tribunal catalán.

El fiscal del caso, Jaime Moreno, argumentó la competencia del alto tribunal porque la «diana», «el corazón del ataque» de los encausados, «fue el orden constitucional y democrático y sus resultados afectaron a todo el territorio nacional. Fue un atentado grave al interés general». Por su parte, los abogados defensores alegaron que no se cometieron hechos delictivos fuera de Cataluña que puedan integrar la rebelión.

El acusador público detalló en su exposición que las acciones en el extranjero —como el impulso del voto para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o la intervención de un ‘lobby’ estadounidense— no fueron aisladas y «era absolutamente necesaria» la internacionalizar del conflicto. Y consideró que se trató de una estrategia «que debe ser considerados en su conjunto».

Si bien el fiscal reconoció que actividades como la Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña) y otras que se desarrollaron fuera de España para promover el 1-O no constituyeron actos violentos en sí mismos, defendió que en un delito de rebelión «no todos los actos tienen que ser violentos». También rechazó que pueda compararse esta causa con la que se juzgó en el TSC por la consulta del 9-N de 2014, ya que en el caso actual las acciones fueron violentas.