’Ley mordaza’, una norma que lleva cuatro años en vigor a pesar de todo
La prometida reforma de la norma ha sufrido contratiempos, crisis políticas y dimisiones.
melchor sáiz pardo | madrid
La ‘ley mordaza’ de la última mayoría absoluta del Partido Popular, aquella normativa que recibió una contestación social sin precedentes por el supuesto recorte de derechos fundamentales como el de manifestación, cumplió el pasado lunes cuatro años de vida. Cuatro años ya desde que entrara en vigor aquel julio de 2015, a pesar de que llevan vaticinando su muerte desde poco después de su nacimiento, sobre todo cuando en diciembre de 2015 los populares perdieron la mayoría absoluta. Aquellos comicios alumbraron un nuevo Parlamento con una fuerza y una voluntad más que suficiente para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del exministro Jorge Fernández, un texto que ni siquiera convencía ya al propio Partido Popular ni a su sucesor, Juan Ignacio Zoido.
La desaparición de la ‘ley mordaza’ fue una de las promesas electorales estrella de Pedro Sánchez tanto en los comicios generales de 2015 como en los de junio de 2016. Es más, en septiembre del pasado año, en su discurso de los cien días, vaticinó su inminente fin. Pero la ley sigue vivita y coleando. ¿Qué ha ocurrido entonces para que esa ‘ley mordaza’ odiada por la mayoría del Parlamento siga intacta dos elecciones generales después de aquellas de 2015 y una moción de censura que hace ya más de un año que sacó del poder al PP? La respuesta es que la reforma de esta normativa parece estar maldecida. Pocas veces la tramitación de un proyecto legislativo ha sido tan accidentada. Y es que ha pasado de todo: contratiempos, solapamientos, elecciones anticipadas, crisis políticas, dimisiones...
Dos textos
El tema ya arrancó de manera extraña cuando se presentaron dos textos alternativos a la actual normativa a finales de 2015 y principios de 2016 por parte del PSOE y del PNV, lo que obligó a los letrados a emitir informes que finalmente avalaron la refundición de ambos articulados tras un intenso debate. Los socialistas presentaron en principio una propuesta poco aceptable para nadie pues proponía directamente resucitar la «ley Corcuera». Antisanchistas Aquel texto del PSOE -y ahí radica otro de los retrasos- fue presentado por la gestora socialista, ya que Sánchez había sido defenestrado en octubre de 2016. De hecho, uno de los más enconados antisanchistas, el ahora exdiputado Antonio Trevín, a la sazón portavoz de Interior, fue el «padrino» de esa propuesta, que no convencía para nada a los partidarios del ahora presidente. Con un PSOE en crisis y un PP al que no le interesaba acelerar la caída de su propio texto, la reforma fue retrasada con ampliaciones de plazos para presentar enmiendas durante todo 2017.