La Fiscalía belga pedirá la entrega de Puigdemont por sedición y malversación
ep | madrid
La Fiscalía belga pedirá hoy al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española, según informaron fuentes de su defensa.
«Piden la extradición por los dos delitos», informó Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la Fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga.
Las partes, que ya han tenido acceso a las primeras alegaciones escritas, han sido citadas hoy a partir de las 9.00 horas para la vista sobre la reactivación de la euroorden, en una audiencia a puerta cerrada en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas.
Los abogados de Puigdemont prevén solicitar un aplazamiento de la vista para contar «con más tiempo para preparar» la defensa del expresidente catalán, con el argumento de que apenas han tenido 24 horas para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.
Por ello, según Bekaert, el juez no tomará ninguna decisión sobre el fondo del asunto, sino que fijará una nueva fecha, «probablemente a primeros de diciembre», para continuar la vista y que las partes puedan presentar sus alegatos.
Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso. Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.
El político independentista se entregó a la Policía federal belga y quedó bajo arresto hasta que el juez le interrogó y dictó las medidas cautelares al día siguiente.
Para evitar la extradición, la defensa de Puigdemont esgrimió que tenía inmunidad como eurodiputado pero, tras consultar con el Parlamento europeo, el juez instructor concluyó que no gozaba de tal protección.
En 2017, cuando la Audiencia Nacional solicitó por primera vez a Bélgica la entrega de Puigdemont, el Ministerio Público belga abogó por cumplir la extradición por todos los delitos que se le imputaban en España -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación.
Entonces, la Fiscalía de Bruselas entendió que encajaban en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».
En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso -Fiscalía belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.
Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciarse sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.