Los juzgados ya tienen media plantilla pero no abren al público antes del día 4

Los juzgados de León y la Audiencia Provincial disponen ya desde hoy del 50% de sus plantillas en funcionamiento, aunque el ritmo de trabajo seguirá siendo similar al de semanas anteriores y en las dependencias se deberá respetar la distancia social.

Con todo, el regreso de la actividad con apertura al público no se producirá antes del jueves 4 de junio (hay quienes apuntan como fecha efectiva al lunes 8 de junio), por cuanto hasta el jueves de la semana próxima no se reabrirán los plazos procesales, según decretó en la tarde del sábado el Consejo General del Poder Judicial.

«El alzamiento de la suspensión de los plazos procesales habrá de operar sobre una situación en la que los órganos judiciales no dispondrán de la totalidad de sus medios personales, por razón de las necesidades derivadas de las medidas sanitarias y de seguridad que deben mantenerse durante la prórroga del estado de alarma, e incluso después de su finalización –sin que se descarten ulteriores prórrogas-, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, permanecen, aun después del alzamiento de la suspensión de los plazos procesales, aunque de forma más limitada y en menor medida, las razones que llevaron a exceptuar de la regla de suspensión a las actuaciones consideradas esenciales», señala el órgano de gobierno de los jueces.

La progresiva incorporación de funcionarios a sus puestos de trabajo no generará cambios importantes ni en el Palacio de Justicia ni en las instalaciones de Sáenz de Miera, así como en el resto de partidos judiciales de la provincia, que son siete.

El CGPJ entiende que, de no situarse en un plano análogo, «se produciría el indeseable efecto de que, por virtud del elevado número de asuntos que habrán de reanudarse y tramitarse tras el alzamiento de la suspensión, estos asuntos esenciales se verían indefectiblemente pospuestos en el tiempo, más allá del que ordinariamente llevaría su resolución».

Paralos planes de reanudación de la actividad judicial que lleven a cabo «se tendrán en cuenta, junto con las actuaciones declaradas preferentes y urgentes por las leyes procesales, las actuaciones consideradas esenciales».