Garzón pide a las administraciones el dinero que deben a la coalición para proceder a la retención cautelar
El Gobierno vasco duda de que el embargo a Batasuna sea constitucional
El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, dudó ayer de que la decisión del juez Baltasar Garzón de embargar los bien
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reclamó este jueves a las Administraciones central, vasca y navarra que le informen sobre el dinero que deben a Batasuna, a fin de proceder en las próximas horas a su embargo cautelar para cubrir la fianza de 24,3 millones de euros que le ha impuesto en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados en la violencia callejera desde el verano de 2001. Por su parte, el portavoz de la coalición abertzale radical, Arnaldo Otegi, manifestó que ésta ni tiene ni pagará la suma que se le reclama, al considerar que «políticamente no lo deberíamos hacer en ningún caso». El plazo de una audiencia (asimilable a un día) concedido a Batasuna para que afiance -en metálico, con aval bancario o hipotecando sus bienes- la cantidad exigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco no concluirá hasta este viernes e incluso el mismo sábado, en función del momento en el que al representante legal de la formación se le notifique formalmente un auto que ya conocen sus representantes de manera «extraoficial». No obstante, el magistrado ya ha iniciado los trámites para localizar todos sus derechos económicos susceptibles de ser incautados. A tal fin, Garzón cursó este jueves un oficio a la Secretaría de Estado para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, para que le informe de si Batasuna «es acreedora de alguna cantidad que, según resolución judicial, deba satisfacer el Estado». La respuesta del Gobierno central será afirmativa, ya que el Tribunal Supremo ha confirmado distintas sentencias que le condenan a abonar 6,9 millones de euros a la coalición en concepto de subvenciones por las campañas electorales celebradas entre 1982 y 1986. El consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, que participó en Santander en un curso de Justicia y Autonomías de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, coincidió con Atutxa en que la decisión judicial «quedará en agua de borrajas, como tantos otros autos» y dudó de su constitucionalidad. Azkárraga consideró «penosa y preocupante» la «utilización política de la Justicia».