El Gobierno estudia recurrir el dictamen de autogobierno vasco

El dictamen, aprobado por el Parlamento vasco con los votos del Partido Nacionalista Vasco , EA e IU, da un plazo de dos meses al Gobierno para que haga efectivas las 37 transferencias que, según el Ejecutivo de Ibarretxe, quedan pendientes, porque, de lo contrario, la administración vasca comenzaría a ejercerlas de forma unilateral. El texto también reclama el reconocimiento del «pueblo vasco» como tal en los siete territorios, incluyendo las tres provincias vasco-francesas y la de Navarra. El Ejecutivo cree que la pretensión de incluir a Navarra y a las provincias vasco-francesas en el denominado «pueblo vasco» podría suponer una invasión de competencias de Navarra y de las provincias del País Vasco francés. Otra posible inconstitucionalidad que abriría al Gobierno otra vía para presentar el recurso sería el haber lanzado un «ultimátum» al Estado para que transfiera las competencias en un plazo de dos meses. El Gobierno ya ha recurrido con éxito al Tribunal Constitucional otras decisiones del Parlamento vasco, como la decisión, en la pasada legislatura, de ceder la instalación del mismo a la autodenominada Asamblea Kurda en el exilio. El Gobierno consideraba que sí que llegó a invadir las competencias del Estado. El Tribunal Constitucional suspendió la decisión de la Cámara vasca como medida cautelar, por lo que, finalmente, el Parlamento vasco desistió de aplicar la decisión. En esta ocasión, el Gobierno también podría pedirse al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la ejecución del dictámen de autogobierno. Críticas de Anasagasti El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, consideró que la i ntención del Gobierno de recurrir el dictamen responde sólo a la estrategia de Aznar de «enconar y envenenar» todo los problemas que surgen en Euskadi y de «acosar» al nacionalismo vasco. El dirigente nacionalista consideró que la decisión es una respuesta a la presión de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que, según dijo, es la que en este momento manda, hasta el punto de llegar a «este ridículo persecutorio». Precisamente a lo largo de la pasada semana, el grupo de diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso recordaron al Ejecutivo vasco que Navarra rechazó en 1979 la propuesta de integración en el País Vasco. Anasagasti también consideró la intención del Ejecutivo de «muy normal» teniendo a Jiménez de Parga como presidente del Tribunal Constitucional, y denunció la inseguridad jurídica que, en su opinión, existe con un Tribunal Constitucional «cuyo presidente habla de un lendakari de Oklahoma.» El árbitro comprado En la misma línea se pronunció ayer el secretario general de EA, Gorka Knörr, quien, además de asegurar que el dictamen de autogobierno vasco no invade competencias de otros territorios, acusó al Gobierno central de haber optado por recurrir al «árbitro comprado», haciendo referencia al Tribunal Constitucional. «El Ejecutivo de José María Aznar piensa que somos un cortijo que puede manejar el señorito de turno y eso no lo vamos a permitir», aseguró Knörr, quien dijo además que el Gobierno central sabe que está incumpliendo la Ley desde hace 23 años, por lo que «quien está dentro de la ilegalidad» es el Ejecutivo español que «se está saltando las leyes a la torera». Añadió también que «no hay ninguna materia objeto de un posible recurso» de inconstitucionalidad. Así, Knorr respondió de esta manera a la intención del Ministerio de Administraciones Públicas de estudiar dicha resolución para comprobar «si atiende a la ley y si entra dentro de los parámetros constitucionales». «Nosotros volvemos a insistir que lo que hay aquí es la propuesta de un Parlamento soberano que ha instado a un Gobierno, el central, para que cumpla la ley porque está en una flagrante ilegalidad y eso es lo que tienen que hacer y sobre eso se tendrán que pronunciar más tarde o más temprano...», concluyó.