El 90% de víctimas de delitos de odio no denuncia las amenazas y agresiones

Los delitos alentados por los discursos públicos de odio contra determinados colectivos son una lacra oculta en España. Las amenazas, humillaciones, discriminaciones, palizas y demás actos violentos dirigidos contra extranjeros, negros y asiáticos, homosexuales y transexuales, mujeres, enfermos, gitanos o personas de otras ideologías que de cuando en cuando saltan a los medios de comunicación no son más que la punta del iceberg de una dramática y vergonzosa realidad de dimensiones nada desdeñables. Así lo revela un estudio realizado por el Ministerio del Interior: nueve de cada diez víctimas españolas de delitos de odio (el 89,24%) no denuncian las vejaciones o agresiones sufridas. Solo con multiplicar por nueve los ataques por odio notificados tendríamos unos 15.000 delitos anuales, 13.500 de ellos ocultos.

Nadie o casi nadie habla de ello. Las víctimas, por miedo, vergüenza o desconfianza en la policía. Los verdugos, en el 81% de los casos hombres, por mantener su tradicional impunidad. Pero lo cierto es que la escalada de estos delitos, que pueden conllevar penas de cárcel de seis meses a cuatro años, multas e inhabilitaciones profesionales por hasta más de una década, es imparable. Lo admite el propio ministro del Interior. «Desde hace años vivimos un incremento objetivo y constante de las conductas de odio, señaló Fernando Grande-Marlaska. Una realidad ante la que Interior no va a permanecer impasible». En 2020, el año del confinamiento disparó las agresiones a personas con discapacidades. En los primeros seis meses de este año, los delitos de odio denunciados en España se incrementaron el 9,3% respecto a 2019, cuando a su vez crecieron el 6,8% con referencia a los mismos meses de 2018. A este ritmo, 2021 acabará por encima de las 1.500 denuncias.

Samuel en A Coruña, un joven en en Amorebieta (Bizkaia), palizas a sintecho, a africanos o a LGTBI. Interior va a dictar una instrucción para que los investigadores de delitos violentos cometidos por bandas o grupos juveniles organizados reflejen en sus atestados si hay indicios de acciones de odio en los hechos, pues muchas veces unos y otros van unidos. Además, pedirá a Instituciones Penitenciarias que todos los menores inmersos en estos casos reciban un tratamiento individualizado para tratar de rehabilitarlos y apartarlos.