El Gobierno aprueba un bloque de medidas sociales entre críticas de sindicatos y CEOE

Luz verde al salario mínimo en 965 euros brutos al mes y ayuda extra a los autónomos pero con condiciones

Sánchez brinda con el presidente de Angola, Joao Manuel Gonçalves, ayer en la recepción real. EMILIO NARANJO

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EFE

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El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida de 15 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) con efecto desde el 1 de septiembre, hasta 965 euros brutos en 14 pagas, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos con el rechazo de la patronal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enmarcó este incremento del 1,57 % en el contexto de una recuperación justa.

«Salimos de esta crisis no bajando los salarios, sino que estamos demostrando que salimos subiendo los salarios. Y subir los salarios forma parte no sólo de medidas de protección social como indica el Banco de España, sino que radica en la convicción firme de eficiencia económica y del buen funcionamiento de la economía en nuestro país», dijo Díaz sobre esta medida que afecta en torno a un millón y medio de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó en Twitter que con esta subida del SMI se avanza hacia un país «con más justicia social, más oportunidades, más igualitario».

La subida se encuentra en el rango medio de la horquilla de entre 12 y 19 euros recomendada por la comisión asesora sobre el SMI, un alza que los sindicatos consideran insuficiente, pero que han aceptado porque el Gobierno se ha comprometido a seguir subiéndolo en 2022 y 2023 para situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no dudó en decir que «hablando mal y pronto» la subida de 15 euros «es una mierda», pero que lo importante es avanzar para que en 2022 se pueda situar en 1.000 euros, una meta a la que ni UGT ni CCOO quieren renunciar.

«Nos ponemos a trabajar con carácter inmediato para dar cumplimiento a la senda que los expertos han señalado hasta 2023», afirmó la vicepresidenta, quien incidió en el compromiso de terminar la legislatura cumpliendo la Carta Social europea, con un SMI equivalente al 60 % del salario medio nacional, lo que equivaldría a 1.049 euros, según los expertos.

La patronal se descolgó del acuerdo al considerar que aún no es el momento de una nueva subida porque todavía tiene que consolidarse la recuperación económica y la del empleo.

Los empresarios eran partidarios de dejar pasar 2021 y hablar de la subida en 2022, teniendo en cuenta que había subido un 22 % en 2019 y otro 5,5 % en 2020, que conjuntamente suponen un alza de 214 euros en dos años.

La vicepresidenta dijo que «frente a los agoreros» que vaticinaban destrucción de empleo, las subidas del SMI han demostrado ser eficientes económicamente.

«La subida del salario mínimo ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género dos puntos y ha supuesto que los perfiles salariales más bajos, sustancialmente las mujeres y los jóvenes, vean mejoradas sus rentas salariales», ha asegurado Díaz.

Según la última encuesta anual de estructura salarial de 2019, el 11,12 % de los afiliados a la Seguridad Social cobraban el salario mínimo, esto es, unos 1,8 millones de personas. Sin embargo, el número de beneficiarios es muy superior teniendo en cuenta que el SMI se utiliza como mínimo de ingresos para acceder a ayudas y subsidios, como es el caso de el percibido por desempleados mayores de 45 años con cargas familiares.

l Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la prórroga hasta el próximo 28 de febrero de las prestaciones puestas en marcha en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia, para los autónomos, incluyendo la extraordinaria que el Ejecutivo se había planteado eliminar.

Las ayudas, en forma de exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social, protegerán durante los próximos cuatro meses a unos 226.000 autónomos que ya estaban percibiendo alguna de las prestaciones ligadas a la pandemia a finales de septiembre, según cálculos del Ministerio de Seguridad Social.

Y se repartirán de forma gradual: del 90% en octubre, del 75% en noviembre, del 50% en diciembre y del 25% en enero.

En cuanto a la prestación por suspensión de actividad, que estaba dirigida a los pequeños empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios de forma temporal como consecuencia de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia, la cuantía se mantiene en el 70% de la base mínima de cotización.

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El autónomo también mantiene la exención de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque el periodo contará como cotizado y será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).