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León

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En su heterodoxa cruzada por la verdad, la memoria y la reparación del daño causado —Consuelo Ordóñez no dudó en recriminar por ejemplo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que utilizara la expresión ‘Que te vote Txapote’, en alusión al asesino de su hermano para zaherir a Pedro Sánchez—, la responsable de Covite está dispuesta a librar una nueva batalla. Esta vez por las controvertidas progresiones de grado otorgadas por el Gobierno vasco, que tiene transferida la competencia para gestionar las prisiones en su territorio desde 2021, parte de las cuales han sido impugnadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su intervención ha revertido, de hecho, una decena de las 40 concesiones de semilibertad del Ejecutivo de Urkullu.

Entrevistas con los reclusos

Covite, muy crítica con cómo están administrando las autoridades vascas los terceros grados, se dispone a colocar el foco sobre las semilibertades que sí cuentan con el aval de la Audiencia. Ordóñez tiene intención de solicitar que las fuerzas de seguridad —agentes de la Guardia Civil— se entrevisten con los presos condenados por su vinculación con la banda para acreditar que están cumpliendo con uno de los requisitos para reinsertarse en la sociedad: la colaboración con la justicia.

El marco legal viene definido por el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la situación del penado en atención a su evolución, y por el 90 del Código Penal que ampara la concesión de la libertad condicional, pero con exigencias agravadas en el caso de los sentenciados por terrorismo: han de ofrecer «signos inequívocos» de haber abandonado los fines violentos y haber «colaborado activamente con las autoridades» . Ordóñez recurrirá a la posibilidad de presentar un escrito en ejecución de sentencia para pedir que se verifique esa colaboración por los presos en tercer grado.

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