El Gobierno acude a la justicia para mantener en secreto las donaciones
Hacienda quema su último cartucho después de que Transparencia le instara a desvelar las cifras
El Gobierno se niega en redondo a facilitar información sobre el dinero que los partidos políticos reciben de particulares. Es más, lleva meses planteando todo tipo de excusas y ahora, incluso, ha acudido a los tribunales para intentar que la justicia anule la orden del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que el Ministerio de Hacienda levante el velo sobre esas cantidades. Y es que Transparencia entiende que no hay una sola razón legal para seguir ocultando a la opinión pública el dinero que reciben las formaciones fuera de las cantidades que les son entregadas por la Administración en función de su representación.
La guerra del departamento que dirige María Jesús Montero contra la transparencia en las cuentas de los partidos está a punto de cumplir dos años y acaba de llegar a los juzgados centrales de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, último cartucho para mantener la opacidad sobre esas polémicas cifras.
Todo comenzó en diciembre de 2021 cuando un particular pidió al Ejecutivo el «desglose anual para cada partido, formación política o agrupación de electores de cuántas personas ha declarado que le han aportado una donación monetaria o una cuota de afiliación». El peticionario ya aclaraba desde el inicio que «en ningún caso» pedía «mayor desglose que el del número de personas que ha declarado cada partido al año, impidiendo así cualquier posible identificación de los afiliados o donantes».
Las prevenciones del peticionario no sirvieron de nada. En junio de 2022, Hacienda esgrimió excusas variadas para no facilitar esa información. Arguyó en primer término que se trataba de una petición «abusiva» ya que, a su juicio, de ser atendida y «dado el gran volumen de partidos políticos, federaciones y coaliciones a los que habría que dar traslado de su petición para que pudieran realizar alegaciones», la solicitud podía colapsar sus oficinas. Además, el departamento de Montero alegó «carácter reservado de los datos tributarios».
El CTBG rechazó todos esos argumentos. «La circunstancia de tener que ofrecer un trámite de audiencia a los interesados no puede convertirse en una causa de inadmisión o un obstáculo» al acceso a estos datos. Máxime cuando «la información solicitada guarda relación con la finalidad de transparencia» al referirse a una cuestión medular de la «acción política» como es las «formas de financiación de los partidos políticos y resto de entidades», apuntó Transparencia.