La Guardia Civil quiere datos para pedir a las operadoras telefónicas el listado de llamadas del imputado

El Supremo cree que el fiscal general usó un ardid para no entregar su móvil verdadero

El juez reclama a la UCO el terminal y la tarjeta que utilizaba García Ortiz en el mes de marzo

Grcía Ortiz saluda a Pedro Sánchez en presencia de Begoña Gómez y la presidenta del Congreso. efe

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melchor saiz pardo
Madrid

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El magistrado Ángel Hurtado, el instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente el pasado marzo los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, no está dispuesto a tirar la toalla a pesar de que Álvaro García Ortiz borrase los mensajes de su móvil, tal y como le ha informado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.El magistrado, según han revelado fuentes del caso, sospecha que el imputado pudo en realidad entregar a los funcionarios un terminal diferente al que usaba los días del soplo y una tarjeta SIM que tampoco era la suya en marzo. Por ello, acordó este lunes remitir un oficio a esos mismos investigadores para que le faciliten «los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados a las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro» practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, «así como la titularidad asociada a estos números de teléfono».Según fuentes de la investigación, esta petición a la UCO para determinar tarjetas y terminales exactos, recomendada por los propios especialistas de la Guardia Civil, tiene un doble objetivo. El primero: confirmar —tal y como también sospechan los agentes y adelantó la pasada semana este periódico— que el móvil analizado con los mensajes formateados no era el que usaba García Ortiz el pasado marzo, porque fue renovado con posterioridad. Aunque no se cambió el número, sí que se habría cambiado la SIM, por lo que era totalmente imposible que la UCO hubiera encontrado el menor rastro de los mensajes enviados en los días bajo investigación, entre el 8 y 14 de marzo. Y el segundo: tener los datos suficientes llegado el caso para pedir a las operadoras telefónicas el listado de llamadas que el imputado recibió e hizo los días y horas previas a la filtración de los datos de Alberto González Amador.El conocimiento del IMSI/IMEI, además, podría revelar el lugar exacto donde se encontraba el fiscal general en las horas en que fue enviado a la prensa el cruce de mails entre el fiscal del caso del doble fraude de la pareja de la presidenta madrileña, Julián Salto, y el abogado de González Amador. Lo que en ningún caso podrán revelar las operadoras es el contenido de esas llamadas, porque las comunicaciones en ningún caso se graban si no existe una orden judicial previa para pinchar los teléfonos. Tampoco el conocimiento de esos números de tarjetas y terminales —avisan mandos de la investigación— podrá ayudar a recuperar el contenido de los mensajes borrados por el máximo responsable de la acusación pública, ya que las operadoras tampoco conservan de forma remota esas informaciones. El único procedimiento para poder llegar a esos whatsapp borrados tras el formateo del móvil —insisten— es requerir a la multinacional, a través de una comisión rogatoria, que envíe el contenido o, en el caso del que el terminal original no haya sido destruido, a través de un complicado e incierto proceso forense.El instructor adopta esta decisión «a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por esta misma unidad sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión de éste».

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«Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería»

El juez llama a Google como testigo

El juez Juan Carlos Peinado no tira la toalla, ni mucho menos, con la acusación de apropiación indebida contra Begoña Gómez, después de ésta el pasado18 de diciembre, en su primera declaración ante el instructor, se descargara de cualquier responsabilidad por las supuestas irregularidades por el software para su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense. El instructor ha citado para el próximo 22 de enero a los representantes de Indra, Google, Telefónica, las empresas que desarrollaron de manera gratuita esa herramienta informática. Además, también ha llamado a declarar a los responsables de la la Fundación Manpower, que también colaboró en ese proyecto para el asesoramiento ‘online’ de medianas y pequeñas empresas, y de Arsys Internet, que fue la compañía que registro el dominio de este controvertido software.La supuesta explotación privada de esa herramienta informática ha sido la que le ha valido a la mujer del presidente las nuevas imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional, que se han sumado a los cargos primigenios de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.