Sánchez dispone la intervención del mercado para bloquear la crisis de la vivienda

El Gobierno lo tiene claro: no es sólo el «ruido político» del que a menudo se quejan Pedro Sánchez y sus ministros lo que hace que los ciudadanos no tengan una percepción tan halagüeña de la buena marcha de la economía como la que se proclama desde los organismos oficiales. Un factor determinante es la carestía de la vivienda que afecta de manera directa a un elevadísimo porcentaje de la población, un problema de gran magnitud que ni la controvertida ley aprobada la legislatura pasada ni las medidas ya anunciadas por Sánchez han resuelto. En un intento de exhibir iniciativa, el jefe del Ejecutivo, presentó este lunes doce nuevas actuaciones, muchas ellas de carácter fiscal, que ahora tendrá que intentar sacar adelante. Y no será fácil.

En una de las naves del Museo del Ferrocarril y ante hasta diez ministros, el jefe del Ejecutivo dedicó una parte significativa de su intervención a cargar sobre las espaldas de las Administraciones del PP y, singularmente, de José María Aznar, la responsabilidad de la grave situación que, asumió, atraviesa el mercado nacional de la vivienda, aunque también remarcó que el problema no es exclusivo de España y que afecta al conjunto de la UE, donde los precios han crecido en un 48% en la última década. «Necesitamos una intervención pública como hicimos con el mercado energético, que tan buenos resultados está dando en términos de competitividad», dijo. «España —añadió en busca de la confrontación con el PP, que este fin de semana presentó en Oviedo también un decálogo de medidas en la materia— necesita un plan que no funcione a base de ideología neoliberal fracasada».

El presidente contrapuso así sus propuestas a las Feijóo, centradas en deducciones en el IRPF por la compra de vivienda habitual, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes, un seguro ‘antiokupación’ o la liberalización del suelo público para construir vivienda en alquiler a precio un 30% por debajo del de mercado. El Ejecutivo argumenta que una de las claves para evitar que se produzca un alza desorbitada de los precios es tener un porcentaje elevado de vivienda pública. En España, apenas llega al 2,5% frente al 14% de Francia o el 34% de los Países Bajos. «En 2012 llegamos a acumular 2,3 millones de viviendas protegidas; una cifra enorme que hoy representaría el 9% del parque de viviendas de España si no fuese porque muchas de ellas pasaron al mercado libre y dejaron de cumplir con su función social», recriminó.

La nueva apuesta del Gobierno se centra, pues, en el medio y largo plazo, en un aumento del parque público, el blindaje por ley la vivienda protegida y un Perte, financiado con dinero de la UE, para la «innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España», con sede en Valencia. Sánchez admitió que esas políticas tardarán en dar frutos y defendió una serie de medidas que buscan impacto en el corto plazo, pero que, sin embargo, tendrán que lograr el respaldo de una difícil mayoría en el Congreso. Su objetivo declarado es poner límite a la especulación y a la proliferación de los pisos turísticos, además de aumentar la oferta disponible con incentivos para la movilización de los hasta 4 millones de pisos «vacíos o infrautilizados» que, según el presidente hay en España.

Además de ayudas, que no especificó, para aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años, Sánchez propuso una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas y anunció la creación de un sistema de garantías públicas para «proteger» tanto a propietarios como inquilinos que participen en alquiler asequible. Hasta ahí, los incentivos fiscales. Pero el plan de Gobierno contempla también lo contrario, disuadir, en este caso a los especuladores. Sánchez planteó que las viviendas turísticas «tributen como lo que son —dijo— un negocio» porque «sobran RB&B y faltan viviendas». Y además, anunció que se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes.

Los socios de la izquierda recelan del plan de doce medidas sobre vivienda presentado por el presidente en un intento de retomar la iniciativa