García Ortiz dice que cerró su cuenta de correo por «acoso»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que tuvo que cerrar su cuenta de correo personal y cambiar su línea de móvil ante el «acoso» por haberse revelado sus datos personales en la investigación del Supremo. García Ortiz ha comparecido en la comisión de Justicia del Senado, para dar cuenta de la Memoria de la institución de 2023, si bien ha tenido que hacer frente en el turno de preguntas a las acusaciones y ataques que han lanzado contra él las senadoras de PP y Vox en relación a la causa del Supremo que le investiga por presuntamente haber revelado información de la pareja de Isabel Diaz Ayuso.

Ante el «señalamiento público» y «la sombra de sospecha genérica» contra él, ha revelado que se vio obligado a cerrar su cuenta de correo electrónico personal el 27 de diciembre, no el 16 de octubre cuando el Supremo abrió causa contra él, ante el «acoso» que tenía por haberse revelado sus datos personales, de la misma forma que ha tenido que cambiar su línea de teléfono personal. Y en este sentido ha aseverado que «el fiscal general merece algún tipo de protección de su propia intimidad». Ha defendido que «efectivamente» borró los mensajes de su móvil el 16 de octubre porque «regularmente» borra sus mensajes. «Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo con las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio» porque, ha enfatizado, «no se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del estado». Por eso, ha lamentado las acusaciones de PP y Vox de que borra las pruebas y de que es culpable por haber borrado un terminal, ya que «decir eso es invertir las normas del Estado de Derecho» y eso supone una «deriva peligrosa». «No por ser fiscal general tengo menos derechos que los demás, no soy más pero tampoco soy menos», ha asegurado García Ortiz que ha dejado claro que «ningún ciudadano está obligado a probar su inocencia». Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Supremo durante su comparecencia, el fiscal general ha señalado que «no es ninguna afrenta a nadie", sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos.