La Audiencia Nacional muda su piel y cambia de actores contra el narco

Nacido en 1977 para combatir el terrorismo etarra lejos del País Vasco, ha tenido en su continuidad un motivo recurrente de controversia en las altas instancias judiciales y los partidos nacionalistas. Especializado ahora en combatir la organización criminal nacional y transnacional, los delitos económicos, los casos de corrupción que afectan a una pluralidad de comunidades o el terrorismo yihadista, la penúltima vuelta de tuerca del legislador consiste en centralizar bajo su paraguas la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala. Una espita abierta tras el homicidio hace un año de dos guardias civiles en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Unos hechos bajo investigación judicial que se han saldado con la detención y el encarcelamiento de tres ciudadanos marroquíes.

La última novedad sobre la reforma de las competencias de la Audiencia Nacional se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso. Un texto que está en proceso de ampliación de enmiendas hasta el miércoles. Se trata de una proposición de ley orgánica que modifica una norma del Poder Judicial de 1985, relativa a la delimitación de funciones para el enjuiciamiento del narcotráfico, blanqueo de capitales y trata y tráfico de personas. El objetivo es «poner al servicio del Estado de derecho una justicia con mayor aptitud para acorralar a la criminalidad organizada». Pero, ¿cómo ven los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, donde trabajan unos 900 funcionarios en sus distintas jurisdicciones, esta reformulación de las competencias? Hace cinco años, a principios de 2020, tuvieron lugar unas reuniones con altos cargos del Ministerio del Interior para tratar este asunto, pero no fructificaron. El departamento de Fernando Grande-Marlaska transmitió en vano a sus interlocutores la radiografía de la lucha contra los clanes de la droga en el Estrecho y la necesidad de que intervinieran. La Audiencia Provincial de Cádiz, responsable de juzgar estos sumarios, ya estaba entonces desbordada. De las ocho secciones existentes solo una está en Algeciras, que tramita unos 700 asuntos al año sobre tráfico de estupefacientes. De igual modo, se constató la presión social que sufren sus funcionarios y la recurrente falta de medios en los juzgados ordinarios.

Los tiempos han cambiado y poco a poco han ido entrando grandes sumarios del narco. El último, la intervención del mayor alijo conocido de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado: 13 toneladas en un contenedor de bananas procedente de Ecuador. Un hallazgo vinculado a un inspector jefe de la Policía, que tenía 20 millones de euros escondidos en su casa. En el plano organizativo, la nueva presidencia de la Audiencia ha recaído esta semana en manos del magistrado Juan Manuel Fernández, elegido por el pleno del CGPJ.

Se abre así, definitivamente, un nuevo ciclo en el tribunal central de la Audiencia Nacional.