Feijóo promete revertir el pacto PSOE-Junts en inmigración, que ve una «humillación sin precedentes"
Puigdemont ya presume de Estado
El pacto llevará a los Mossos a cogestionar la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas
Jordi Turull, Miriam Nogueras y Josep Rius atienden a Puigdemont.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes que el acuerdo entre el PSOE y su partido para la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat representa la asunción de cuestiones que son «competencias que normalmente ejercen los estados». «Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados. Y esto exige una gran responsabilidad y preparación, que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación», ha destacado. El pacto entre los socialistas y la formación que dirige Carles Puigdemont también llevará a los Mossos a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas.
Este martes, el PSOE y Junts han registrado en el Congreso una propuesta de ley orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada. Tras avisar de la dificultad que supondrá su implementación porque requerirá traspasos, formación y compartir información, ha defendido que permitirá que la Generalitat gestione «todo lo que tenga que ver» con la vida de una persona que llegue a Cataluña. Ha subrayado que es una delegación «integral» de las competencias en inmigración, y ha dejado claro que el Estado seguirá siendo el titular.
CIES Y CATALÁN
Sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha llamado a hacer un replanteamiento integral de su gestión al considerar que son inaceptables desde un punto de vista humano y sobre si se exigirá un determinado nivel de catalán para la renovación de la residencia de inmigrantes, Puigdemont ha avisado de que la administración no podrá hacer un informe favorable para renovar una residencia si la persona en cuestión no conoce la lengua, «indispensable para la integración diga lo que diga el Tribunal Constitucional». «Es perfectamente constitucional poder acreditar que una persona que no conoce el catalán en Cataluña no está integrada, como tampoco lo estaría si no conociera el castellano. Lo mismo para el catalán que para el castellano», ha explicitado. «Hemos cerrado un acuerdo desde la oposición para que el Govern tenga las herramientas que queremos para nuestras instituciones», ha añadido el presidente de Junts, que ha asegurado que lo seguirán haciendo en otras cuestiones como la financiación y el techo de gasto.
Presidente «florero»
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «florero». Tras acusar al jefe del Ejecutivo de «desmantelar el Estado» con esta «humillación sin precedentes», ha anunciado que si gobierna revertirá ese pacto. «Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero, un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts», ha declarado. Feijóo ha tachado este pacto textualmente de doble humillación sin precedentes, porque es una competencia exclusiva del Estado y porque se ha pactado fuera de España: «La propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas». «Nunca en la historia de las transferencias y delegaciones de competencias del Estado a las comunidades autónomas se pactaron fuera de España, fuera del Gobierno», ha añadido, a la vez que ha recordado que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, tiene, en sus palabras, cuentas pendientes en la justicia española. Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo de «desmantelar el Estado» y ha asegurado que estudiarán el texto «con absoluta intensidad» y ha avisado de que cuando el PP llegue al Gobierno restablecerán las competencias exclusivas del Estado en el control de extranjería y fronteras. «El problema es que tenemos el gobierno más débil de la democracia y un presidente que está dispuesto a todo para intentar seguir siendo presidente»