El juez no ve delito en que Montoro accediera a información confidencial sobre sus rivales
El instructor rechaza la personación de Juan Carlos Monedero porque el exministro estaba "plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT"
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Rubén Rus, el juez que instruye el 'caso Montoro' en el que se investiga el supuesto amaño de leyes durante los gobiernos de Mariano Rajoy a cambio de mordidas, no ve delito en que el exministro —tal y como revela el sumario— fuera informado puntualmente por la Agencia Tributaria de la situación fiscal de contribuyentes destacados, entre ellos muchos de sus rivales políticos. El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, siguiendo esta tesis, ha rechazado la personación del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ya que —explica el juez catalán— Montoro estaba «plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT, por lo que el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas».
Según se recoge en el sumario, el exdirector de la AEAT Santiago Menéndez, a través de un centenar de correos electrónicos, habría filtrado de manera regular al entonces ministro de Hacienda y su gabinete "información reservada" fiscal sobre compañeros en el PP, rivales políticos y otros contribuyentes reconocidos. La propia Hacienda informó al juez tarraconense de la existencia de correos entre 2012 y 2018 que Menéndez envió al ministro de Rajoy con la mencionada información confidencial. Datos privados que concernían, entre otros, a dos cargos populares como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -quien mantiene un largo encono con Montoro y con Rajoy- y el exministro Josep Piqué; a investigados como la Familia Pujol; al tenista Rafael Nadal; o a Tita Cervera, la baronesa Thyssen.
En su escrito dirigido al instructor Rubén Rus, Hacienda subrayaba la "relevancia" de estas comunicaciones entre Menéndez y el ministro, ya que el director de la AEAT trasladaba al político sin ningún tipo de cortapisa "información sensible y legalmente protegida". El organismo también destacaba ante el juez "la continuidad y el amplio periodo en el que las actuaciones administrativas investigadas (la filtración indiscriminada de datos a Montoro) se habrían producido".
Esos avisos de los actuales responsables de la AEAT sobre la magnitud de esa filtración no han hecho mella en el juez, quien -según fuentes jurídicas- no tiene intención de salirse de la línea principal de la investigación (la redacción de leyes a la carta para beneficiar a las empresas que pagaban a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro), al menos mientras no haya pruebas de que el exministro filtrara esos datos confidenciales a terceras personas para dañar a sus rivales o con otros fines.
"Indudablemente" En el propio auto en el que desestima la personación de Monedero (algo que ya había hecho previamente con el intento de ser acusación particular de Rodrigo Rato), el instructor tarraconense admite que, en efecto, las informaciones que Menéndez pasaba a Montoro "indudablemente tienen carácter reservado", pero que esas personas estaban "legalmente autorizadas" para acceder a esa información confidencial.
En 2015 Monedero abandonó la dirección de Podemos después de que trascendiera a la prensa que el ministerio que dirigía por entonces Montoro le investigaba por haber ocultado al fisco que había recibido 425.000 euros por asesorías al Banco del ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), que aglutina a Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Un dinero que, en principio, el profesor universitario tributó como impuesto de sociedades a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, a pesar de que esta firma no tenía trabajadores ni actividad, y que luego, in extremis, regularizó tributándolo como IRPF, a un tipo impositivo mucho mayor. Finalmente, en julio de ese mismo año el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid archivó la causa por fraude fiscal contra el exdirigente de Podemos porque el ex número tres de la formación afloró ese dinero antes de que la Agencia Tributaria le notificara oficialmente la investigación, condición sine qua non para poder imputar un ilícito de fraude.
En sus escritos al juez de Tarragona, Juan Carlos Monedero vincula que aquella información se hiciera pública a los correos con el título "archivos de Podemos" que recibió Montoro, lo que demostraría que era investigado por su relación con el partido. Según el exdirigente morado -que recuerda que la entonces portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría sacó a colación este tema en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- Montoro y su equipo, por muy autorizados que pudieran estar a conocer esos datos, no tenían entre sus "competencias" revisar los datos de cada uno de los contribuyentes.
El plan del Gobierno: revertir rebajas fiscales bajo sospecha del exministro
El origen de la causa, abierta hace ya ocho años en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, fue la relación de empresas gasistas con el despacho, del que oficialmente Montoro se desvinculó al regresar a la vida política, pero la investigación apunta a que fueron muchas las empresas que recurrieron a él desde sectores diversos (eléctricas, renovables, juego, construcción...). No obstante, el propio Ejecutivo no se atreve aún a concretar ni cuáles son los textos afectados ni qué porcentaje de los supuestos beneficios obtenidos en perjuicio de las arcas públicas se podrían recuperar.
Montero, insistió en TVE en que la voluntad del Gobierno es preservar aquella legislación que haya resultado positiva para el "interés general" pero "aquello que ha beneficiado a grandes empresas, efectivamente, se devuelva al Estado". Sin embargo, admitió que es "prematuro" hablar de cifras, entre otras cosas, porque "no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo".
En la parte conocida del sumario, que llega hasta julio de 2024, solo se hacer referencia expresa a dos asuntos. Una reforma legislativa que afectó en 2014 tanto a la ley de Impuestos Especiales de 1992 como al reglamento de ese impuesto y con la que el conglomerado de gasísticas Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) logró rebajas en el impuesto sobre la Electricidad. Y una modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, aprobados solo días antes de que Rajoy perdiera el Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, con la Agencia Tributaria calcula que esas mismas empresas pudieron ahorrar unos 10,5 millones de euros en cinco años.