Begoña Gómez pide informes de lo que hacían los asistentes de la otras esposas en la Moncloa

Begoña Gómez contraataca tras la decisión la pasada semana del juez Juan Carlos Peinado de tratar de sentarla en el banquillo ante un jurado popular y acusada de malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. La esposa de Pedro Sánchez ha pedido al instructor que reclame a Moncloa información detallada de los cometidos de los asistentes que han tenido las mujeres de todos los seis anteriores presidentes del Gobierno de la democracia. O sea, sobre el trabajo que hicieron los secretarios o ayudantes de las esposas de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

En su escrito, el letrado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, reclama al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que se dirija «a la secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevan a cabo».

Desde que en noviembre del pasado año Peinado pusiera el foco en las labores de Álvarez —después de que se conocieran los primeros mails en los que aparecía aparentemente gestionando la cátedra— la defensa de Gómez ha venido insistiendo que el trabajo de la empleada de Moncloa para la mujer de Sánchez era similar al que han realizado durante las últimas décadas los asistentes de confianza de las esposas de los anteriores jefes del Ejecutivo.

Begoña Gómez ha vuelto a enviar a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, para que le represente ante el juez Juan Carlos Peinado en la vista en la que será informada de que, si va a juicio, será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que está investigada —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo—, no solo por la supuesta malversación, como acordó en un principio.

Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación —relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez— sería juzgada por un jurado popular.

En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado «no es indispensable».

De cara a este lunes, Peinado fijó que tanto Gómez como Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés —a los que también ha abocado a un juicio por tribunal del jurado— debían «comparecer necesariamente» asistidos de sus respectivos letrados. Sin embargo, fuentes de la defensa consultadas por Europa Press indicaron que la de este lunes es una comparecencia como la del 27 de septiembre. En esta ocasión la decana de los juzgados de Madrid no ha activado el protocolo de seguridad habitual para que entrara por el garaje, por lo que estaba previsto que no fuera.

El abogado del Estado pide el archivo del caso

La Abogacía del Estado, en representación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que archive la investigación que dirige contra el cargo del Ejecutivo al negar que participase en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en Moncloa, al tiempo que ha mostrado su oposición a que sea juzgado por un jurado popular en caso de que vaya a juicio por presunta malversación.

Así consta en un escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y que recoge los argumentos que esbozó el sábado 27 de septiembre en la vista en la que se informó a las defensas de Gómez; de su asesora, Cristina Álvarez; y de Martín Aguirre de que en caso de ir a juicio por malversación serían juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Al igual que hizo la Fiscalía, la Abogacía pidió al instructor que archivara para Martín Aguirre la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta desempeñó funciones privadas para la esposa del presidente.