"Sé que el fiscal general es inocente porque sé quién es mi fuente»

El periodista José Precedo, de El Diario.es, que firmó las primeras informaciones sobre el caso del fraude fiscal de González Amador, declaró ayer ante el Supremo que recibió el correo filtrado de la defensa del novio de Ayuso el 6 de marzo de 2024, siete días antes de que lo tuviera el fiscal general. Otro periodista, Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, afirmó que también tenía el contenido del correo antes de que lo recibiera García Ortiz a las 21:59 del 13 de marzo de 2024. Medina subrayó que a las 21:54 horas ya tenía el contenido del email por «tres fuentes distintas». En el caso de Precedo, incluso, desvinculó al fiscal general de la filtración. «Sé que es inocente porque conozco mi fuente. En 22 años de carrera (el acusado) no me ha pasado un papel nunca», aseguró.

Tampoco hubo éxito en el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa.

"Ni recibimos órdenes de Moncloa ni tuvimos acceso al correo de la defensa (de Alberto González Amador)". Las implicaciones políticas del juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo sobrevolaron ayer en la sala de vistas. La presencia de dos destacados actores del PSOE de Madrid, Juan Lobato -exsecretario general y actual senador- y Pilar Sánchez Acera -exdiputada autonómica, exasesora en Presidencia y actual número tres de la ejecutiva regional-, se convirtió en una oportunidad para poner el foco en el papel de Moncloa en este asunto. El abogado de la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador en su condición de querellante, trató de apretar a los dos testigos para sostener la tesis que el martes desplegó su cliente y el jefe de Gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez. Ambos denunciaron la "voraz campaña del aparato del Estado" para destruir a una "rival política" a través de un "ciudadano anónimo" expedientado por un "atropello" de Hacienda. Y solo por un motivo, la relación amorosa que les une. Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del comisionista de las mascarillas (se llevó dos millones de euros por una intermediación en plena pandemia), interrogó con empeño a Lobato y a Sánchez Acera. Trató de sacarles la confesión que ya dejó por escrito el instructor de la causa, Ángel Hurtado, en su auto de procesamiento al fiscal general: que en Fiscalía General recibieron "indicaciones de Moncloa" para filtrar el correo de la defensa de González Amador. Un mensaje en el que éste asumió la comisión de dos delitos fiscales en el marco de unas negociaciones con el fiscal del caso. Sin embargo, estas apreciaciones del magistrado fueron corregidas luego por la Sala porque "no estaban acreditadas". El letrado de la acusación particular llegó incluso a mentar el posible conocimiento o implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estos hechos, pero el máximo responsable del tribunal juzgador, Andrés Martínez Arrieta, frenó estas referencias por estar fuera del objeto del procedimiento: la autoría de la revelación de secretos.

 En todo caso, el abogado insistió en esta línea, dando a entender las motivaciones políticas por tratarse del novio de Ayuso, pero sus esfuerzos fueron en vano. Lobato declaró que desconoce de dónde salió originalmente un "pantallazo" del email filtrado que recibió en la mañana del 14 de marzo de 2024, antes de comparecer en la Asamblea de Madrid, cuando esa comunicación ya había sido reproducida por la prensa. Según dijo, no sabe si salió de la Fiscalía. Y explicó que, cuando aquel día mostró sus primeras reticencias a usarlo políticamente sin saber su origen y escribió el mensaje "porque, si no, parece que me la ha dado la Fiscalía", se debió a sus dudas éticas. El motivo es que si no explicaba de dónde lo había obtenido -declaró ayer-, la opinión pública iba a creer que se lo había dado el Ministerio Público. 

"Fui al notario por prudencia" 

Pese a la insistencia del abogado, Lobato negó que recibiera "instrucciones" o "indicaciones" de Moncloa, más allá de que había coordinación entre ambas partes en temas de alcance nacional. "Recibía recomendaciones y consejos, no instrucciones ni órdenes de la Moncloa", afirmó, desvinculando también a Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación cuando se produjo la filtración, del envío de los correos bajo sospecha. Vallès compareció el martes como testigo y aseguró que no tuvo acceso a ningún mail objeto del procedimiento. Lobato, que dimitió en el marco de esta causa cuando ABC dio a conocer que había acudido meses después a un notario para registrar sus mensajes sobre esta causa, defendió precisamente esta actuación "por criterio de prudencia y para que la verdad estuviera acreditada". "Las repercusiones políticas son secundarias. No soy víctima de nada, al contrario; quiero ayudar a que se conozca la verdad", aseguró.

Por su parte, Sánchez Acera estableció un marco similar. De hecho, ella fue quien envió un "pantallazo" del correo filtrado a Lobato en la mañana del 14 de marzo de 2024 e insistió en que esa imagen le llegó a través de un periodista, aunque añadió que no recuerda quién fue y que no puede averiguarlo porque borró sus mensajes de móvil de entonces.

 "Me vino de los medios", recalcó la testigo. "En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo de 2 de febrero objeto de investigación. Recibo una imagen de un documento distinto", dijo la actual trabajadora del Ministerio de Transformación Digital. En este sentido, insistió en que en el correo en cuestión figuran datos, como emisor, destinatario y fecha. "Lo que recibo no tiene ni quién envía ni destinatario ni fecha. Tiene pie de firma del despacho de abogados", ha precisado. "¿Pero ha recibido el documento de la Fiscalía General del Estado? ¿Conocía a alguien de allí?", le preguntó la defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado. "No", remachó, rotunda, Sánchez Acera.