Gómez asegura que Peinado solo le investiga por «ser cónyuge»
Begoña Gómez, en una de sus apariciones públicas más recientes, lejos de sus orígenes en León
La defensa de Begoña Gómez se revuelve ante la insistencia del juez Juan Carlos Peinado en sentarla ante un jurado popular acusada de haber construido su carrera profesional gracias a la influencia de su marido tras su llegada a Moncloa en junio de 2018. Su abogado ha presentado un recurso de reforma en el que reclama a Peinado que anule su auto, mediante el cual la semana pasada se acordó transformar las diligencias previas en un procedimiento propio del Tribunal del Jurado. En un escrito de 29 páginas al que ha tenido acceso este periódico, el letrado Antonio Camacho sostiene que la resolución judicial «falta plenamente a la realidad», se encuentra plagada de conjeturas y resulta «falaz». A juicio de la defensa, el instructor persiste en investigar a Gómez «con una voluntad inquebrantable», a pesar de que, según su criterio, no existen indicios delictivos sólidos, y concluye que la única motivación de la causa es el hecho de «ser cónyuge del presidente del Gobierno». El recurso de la esposa de Sánchez se produce después de que el juez dictara un auto de 46 páginas en el que unifica todas las líneas de investigación —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo— para que sean juzgadas por ciudadanos particulares. El magistrado justificó este paso al considerar que, tras la llegada de este a la Presidencia en junio de 2018, se produjo un cambio «inmediato y significativo» en su trayectoria profesional. En su fundamentación, el magistrado Peinado hacía hincapié en que la instrucción ha revelado indicios de una «clara desviación de poder» en el uso de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) como epicentro de las actividades bajo sospecha. El instructor sostenía la pasada semana que Gómez aprovechó su «interlocución singular» con responsables de la universidad pública y empresas patrocinadoras para «ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional». El auto resaltaba que contó con la «intervención operativa» de la asesora de Presidencia Cristina Álvarez.